Víctimas liderazgo moral

En más de medio siglo de actividad terrorista, el papel de las víctimas en nuestra sociedad ha cambiado radicalmente. Por el camino se quedaron las vidas de 856 inocentes y muchas más familias destrozadas. La democracia contrajo una deuda con un colectivo que durante una gran parte de este tiempo fue olvidado, ninguneado y marginado. Poco a poco, los poderes públicos, en particular, y la sociedad, en general, han tomado conciencia de lo que suponían esos ciudadanos que lo habían dado todo por la libertad y la seguridad de los demás. En los últimos años la reparación y el reconocimiento públicos les han devuelto una parte de lo que ellos entregaron. En el marco de esa determinación por lograr que el colectivo ocupe el lugar que se merece, el Congreso celebra hoy por primera vez el día de homenaje a las Víctimas del Terrorismo. La fecha coincide con el 50 aniversario del que se considera el primer asesinato de ETA: la muerte de la niña Begoña Urroz, fallecida en la estación donostiarra de Amara el 27 de junio de 1960. Un acto importante que simboliza el tributo de la nación hacia estas familias y que les otorga los honores que merecen. En ese contexto, hay que celebrar que las dos principales fuerzas políticas hayan sido capaces de consensuar la esperada Ley Integral de Víctimas del Terrorismo, que está llamada a ser un punto de inflexión en el tratamiento a este colectivo. La norma establece novedades esenciales como un baremo de indemnizaciones idéntico para todas las víctimas, de forma que se acabe con los agravios comparativos, o su efecto retroactivo desde el 1 de enero de 1960, en especial en el cobro de ayudas. En defensa de su dignidad, el texto prohíbe de forma expresa la existencia en lugares públicos de monumentos, escudos, insignias o placas de enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas, lo que supone, sobre todo, un acto de justicia.Pese a todo, entendemos que el Estado de Derecho no ha saldado por completo la deuda contraída ni mucho menos. Esta misma semana conocíamos, gracias a la Fundación de Víctimas del Terrorismo y no a la Administración, que cerca de 300 asesinatos de ETA podrían no haber sido juzgados aún desde el año 1978, y que cerca de un centenar de ellos estaba a punto de prescribir. Que un crimen quede sin castigo y las víctimas no sean reparadas con un acto de justicia es inasumible. Que sean 300 resulta escandaloso. Si asistimos a esta circunstancia insólita en el ámbito jurídico, en el político hay situaciones igualmente rechazables. El Gobierno y los partidos que en su día le apoyaron, que fueron todos menos el PP, están obligados a explicar a las víctimas por qué amparan aún la moción del Congreso que apoya y permite una negociación con la banda terrorista. La existencia de esa iniciativa supone una deslealtad. El PSOE debe rectificar y perseverar en una política antiterrorista que ha dado resultados extraordinarios. Las víctimas constituyen lo mejor de nuestra sociedad, su liderazgo y autoridad morales son incuestionables, y los políticos tienen el deber de atenderlas y escucharlas. Se equivocarán mucho menos.