Rajoy: «No hay beneficios penitenciarios»

MADRID- El PP llegó al Gobierno con el compromiso de que no negociaría con ETA ni haría ninguna concesión a los terroristas. Era el mundo de ETA el que tenía que poner fin definitivamente a su historia criminal, y también defendía que si ETA se mantenía en la clandestinidad, su amenaza potencial no se anulaba y el Estado no podía creerles mientras tuvieran capacidad de dar marcha atrás. En resumen, que quienes tenían que moverse era los terroristas. Ayer, Mariano Rajoy reivindicó de nuevo la bandera de que ETA no tiene otro camino que cumplir la Ley. «No hay nada que negociar con ETA. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer», explicó. El PP siempre ha sostenido que la política de dispersión de los presos etarras tenía sentido en tanto ETA no anunciara su disolución y entregara las armas. Por tanto, que no habría acercamientos mientras esta condición no se cumpliese. Al respecto, Rajoy garantizó que el plan de reinserción no modifica la política antiterrorista. «Si ya tenemos la vía Nanclares, es mejor que haya gente que al final pida perdón y se arrepienta. Pero esto no supone beneficios penitenciarios», añadió. Oficiosamente, desde el Ejecutivo explican que la iniciativa adoptada responde, precisamente, al estancamiento de la vía Nanclares que puso en marcha el Gobierno socialista y que el PP ha mantenido abierta. Ésta permite que puedan acceder a beneficios penitenciarios aquellos presos etarras que han firmado un documento renunciando a ETA, piden perdón a las víctimas, asumen las indemnizaciones y colaboran con la Justicia. Dado que esa vía estaba «muerta», el Gobierno mueve ficha con un plan de reinserción, que sí abre la puerta al acercamiento al País Vasco de etarras, para intentar –dicen– desestabilizar la presión que ETA sigue ejerciendo sobre sus presos y para favorecer que algunos de ellos rompan con la corriente más dura y den pasos hacia adelante, pese a que hasta ahora eran «estigmatizados». «Hay que convencerles de que merece la pena recorrer este camino», argumentan en Moncloa. El Gobierno quiere poner sordina a la acusación de inmovilismo y «limitar el victimismo» de Batasuna.