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El fiscal pide diez años de cárcel para Otegi y Usabiaga por intentar reflotar Batasuna
Arnaldo Otegi y Rafael Díez Usabiaga y otros seis dirigentes abertzales se enfrentan a una petición fiscal de diez años de cárcel por intentar reconstruir, por orden de ETA, la ilegalizada Batasuna a través de Bateragune.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que los acusados, a quienes imputa un delito de pertenencia a ETA, intentaron crear un «polo soberanista subordinado a los fines y métodos de ETA». Otegi fue absuelto recientemente por la Audiencia Nacional de enaltecer a la banda terrorista en un mitin celebrado en el velódromo de Anoeta el 14 de noviembre de 2004. El ex secretario general del sindicato LAB, por su parte, está en libertad bajo fianza para poder cuidar de su madre enferma.
El resto de acusados son la ex tesorera del PCTV Sonia Jacinto; Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta; Arkaitz Rodríguez, absuelto en 2006 de pertenecer al «aparato de captación e información» de ETA; José Luis Moreno Sagües, candidato foral en una lista ilegalizada; José Manuel Serra y Amaia Esnal, en libertad bajo fianza de 10.000 euros.En el escrito remitido a la Sección Cuarta de lo Penal, el fiscal Vicente González Mota desgrana los indicios que le llevan a concluir que Bateragune («todos juntos» en euskera) era el órgano diseñado para sustituir a la Mesa Nacional de Batasuna «actuando como una comisión permanente que tomara las decisiones estratégicas del frente institucional de ETA».
Según el departamento que dirige Javier Zaragoza, el objetivo de Bateragune era aglutinar un «polo soberanista» (en el que estuviesen integrados EA y Aralar, entre otros) encargado de «llevar la confrontación política hasta el punto más álgido». ETA ponía a disposición de esa «alianza nacional» su «fuerza armada» valiéndose de la manida táctica del palo y la zanahoria: combinar la «acción terrorista» con «parones en la lucha armada» para forzar al Estado a negociar. ETA llega a advertir a la izquierda abertzale (según un documento interno incautado a la banda en 2009) de que no debe inmiscuirse «en los altos niveles de definición del proceso». «No les corresponde a ellos», zanja tajante.
Los acusados, dice el fiscal, integraban la Comisión Permanente de Bateragune, que utilizaba como «cuartel general» la sede de LAB. Otegi, incluso, viajó dos veces a Francia entre abril y julio de 2009 (pese a tenerlo prohibido por la Audiencia) para entrevistarse con dirigentes etarras y recibir instrucciones de ETA.
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