Caso Manos Limpias
El CGPJ critica los insultos e investigará si el juez cometió una infracción con el auto del 25-S
La Fiscalía estudia la posibilidad de recurrir el dictamen.m Manos Limpias denuncia al magistrado por falta grave
MADRID- La resolución del juez Santiago Pedraz en la que señalaba la «decadencia» de la clase política sigue generando polémica. La propia portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, salió ayer al paso de las críticas al magistrado para recalcar en un comunicado que, «de haberse producido un exceso en los términos empleados en dicha resolución, en ningún caso se justifica el recurso al insulto personal dirigido contra el juez que la dicta». Bravo asegura que «las críticas que invaden la esfera personal mediante descalificaciones que atentan contra el respeto que merece la dignidad personal constitucionalmente garantizada son intolerables y deben cesar de inmediato».
Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró ayer en Logroño que la Fiscalía está estudiando el auto del juez de la Audiencia Nacional para decidir si mantiene alguna discrepancia de carácter «estrictamente jurídico» que justifique la interposición de un recurso. De haberlas, añadió, «iniciaríamos el recurso correspondiente, pero en este momento la Fiscalía de la Audiencia no tiene tomada ninguna decisión», informa Ep.
De momento, el sindicato Manos Limpias ya ha denunciado al magistrado ante el Consejo General del Poder Judicial ante la posible comisión de una falta grave por utilizar en su resolución «expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico». El artículo 418,6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial estipula que en estos casos, el CGPJ «sólo procederá previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior respecto de quien dictó la resolución y que conozca de la misma en vía de recurso». Para Manos Limpias, Pedraz se extralimitó en sus funciones, generando una «alarma social y una trascendencia mediática» que ha dañado la imagen de las Fuerzas de Seguridad y de la clase política.
El Gobierno reitera su apoyo a la Policía
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, descartó ayer valorar la resolución del juez Pedraz y se limitó a insistir en el respeto del Ejecutivo a «los procedimientos judiciales y las decisiones que se adoptan en su seno». Eso sí, Sáenz de Santamaría subrayó que el Gobierno «respalda la actuación de la Policía» y recordó que los agentes se limitaron a «proteger» el Congreso, «sede de la soberanía popular» y algunos de ellos lo hicieron «con riesgo para su vida».
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