La memoria selectiva de Carrión

MADRID- La cosa iba con ella pero, o no se dio por aludida o se hizo la despistada. El fiscal jefe de Madrid, en una dura crítica hacia el movimiento 15-M (sin nombrarlo explícitamente) durante el acto de apertura del Año Judicial 2012 celebrado ayer, acusó a las instituciones de «pasividad», «tolerancia» e incluso «simpatía con los infractores», y que eso se trasluciría en «debilidad» y «desconfianza». La delegada del Gobierno, que estaba presente en el acto, dijo ester «totalmente» de acuerdo con el fiscal, a pesar de que es ella la que tiene las competencias para garantizar el orden público en la región.

Moix, recalcó ayer que «son las instituciones las que tienen encomendada la función de erradicar todo actuar que vulnere las normas constitucionales que rigen las relaciones entre los españoles». Para el fiscal de Madrid, conductas como la msiva ocupación ilegal de las vías públicas, obstaculizar parlamentos autonómicos o corporaciones locales, democráticamente elegidos por los ciudadanos, o impedir ejecutar resoluciones judiciales firmes, «deslegitiman a los que así actúan y con ello exteriorizan su ignorancia sobre los valiores que deben inspirar la convivencia democrática». «Ningún derecho», ni siquiera los derechos reconocidos como fundamentales, es «absoluto», afirmó Moix, tras lo que aseveró que todos los derechos tienen sus límites y el primero es el respeto a los derechos de los demás. El fiscal precisó que incumplir una decisión judicial puede ser un delito de desobediencia a la autoridad judicial, como también es un delito ocupar ilegalmente una vía pública «porque quiero, por mi voluntad». «Ha habido una tolerancia mal entendida», ya que nunca se puede simpatizar con los infractores porque el que infringe la ley lleva la consiguiente corrección, opinó.

Sin embargo, la delegada hizo como si la cosa no fuera con ella. No se puede decir que Carrión entrara con buen pie en la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid aunque a estas alturas, a menos de dos meses de las elecciones generales, puede que eso ya no le importe demasiado. Comenzó a desempeñar su cargo poco antes del nacimiento de los «indignados» (apenas mes y medio antes) y, desde entonces, su gestión ha ido prácticamente ligada a al movimiento 15-M. Consiguió algo tan complicado como poner de acuerdo a colectivos muy dispares e incluso enfrentados entre sí. El Gobierno regional y municipal, sindicatos policiales, comerciantes, secretarios judiciales, católicos y, por último, a la Fiscalía de Madrid. Todos han coincidido en denunciar la mala gestión del órden público de la delegada en todo lo referente a los «indignados».

De nada les sirvió a los comerciantes denunciar las pérdidas que sufrían por las acampadas en Sol; los sinciatos mayoritarios de la Policía Nacional mostraron su impotencia al recibir órdenes de «no intervenir» contra ellos ya estuiviesen cortando el tráfico, increpándoles o boicoteando detenciones; los secretarios judiciales indicaron la gravedad de la paralización de los desahucios y la agravante que eso suponía a la maltrecha agilidad del sistema judicial en la región. Al «tirón de orejas» de ayer de Moix, ahora se suma la admisión a trámite de la denuncia de Manos Limpias.