Castilla y León
La Iglesia quiere iguales impuestos a otras instituciones de similar arraigo
Ricardo Blázquez recuerda las exenciones para quienes hacen el bien común
Soria- La Iglesia Católica reclama igual trato que otras entidades con notable arraigo, a la hora de hacer frente a sus obligaciones tributarias. El arzobispo de Valladolid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, ha recordado que, según los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, están exentos de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) los templos católicos dirigidos a usos religiosos. Algo que también ocurre con entidades evangélicas y las comunidades israelitas e islámica. Como también ocurre con servicios públicos de Defensa, Seguridad, Educación o Peninteciarios, ONGs, Cruz Roja, Renfe, colegios concertados, patrimonio histórico-artístico -en particular, bienes de interés cultural- e instituciones sin ánimo de lucro.
«No es un privilegio, es una exención», ha remarcado el vicepresidente de la CEE, quien también recuerda que, la que representa como otras, son «agrupaciones o instituciones al servicio del bien común y sin ánimo de lucro. Es ahí donde entra la Iglesia».
Así se ha expresado Ricardo Blázquez, en referencia a la polémica que ha desatado el pago por el IBI, que impondrán algunas ciudades como Zamora, y que no descartan otras como Valladolid, León o Soria. Si bien, Blázquez ha sido conciliador en este sentido, al remarcar que «somos miembros de una misma sociedad, en situaciones de bonanza, pero también en las de crisis», en su empeño por arrimar el hombro y no escurrir el bulto.
No obstante, desde las administraciones públicas, se ha obviado la labor social que también acomete la Iglesia católica, a partir de sus centros de Cáritas, al que cada día llegan cada vez más ciudadanos, el alquiler a bajo o nulo coste de muchos de sus inmuebles o la cesión de salones parroquiales a comunidades de vecinos de manera altruista, entre otras prácticas comunes.
Otras exenciones
Poco han dicho al respecto partidos políticos y sindicatos -algunos de ellos especialmente batalladores en este sentido-, exentos de declarar lo ingresado por cuotas, subvenciones, donaciones, rendimientos de su actividad o de las rentas del patrimonio. Aunque, estas organizaciones sí tienen que hacer frente al IBI, pero cuentan con otras ventajas fiscales.
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