Demagogia con el maltrato

Una tragedia tan lacerante y extendida en nuestra sociedad como es la violencia de género, que ha costado la vida a 64 personas en lo que va de año, debe ser tratada con seriedad y rigor. Cualquier intento de instrumentalización de un fenómeno tan deleznable sólo puede ser causa de reproche a quien lo pretende. El Gobierno intentó ayer capitalizar el Día Internacional contra la Violencia de Género con una propuesta insostenible, que tal vez persiguiera distraer la atención sobre los pobres resultados de una política estrella del gabinete socialista. La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, anunció que propondrá hoy en el Consejo de Ministros una reforma del Código Civil para que los jueces retiren la custodia de los hijos a los acusados de maltrato, antes de que haya sentencia firme. La ministra desconoce varios principios fundamentales o, lo que es casi peor que la ignorancia, ha pasado por encima de pilares tan básicos del Estado de Derecho como la presunción de inocencia. Que el miembro de un Gobierno democrático ningunee de esta manera un procedimiento judicial y los derechos más básicos de cualquier procesado resulta algo insólito.

Por eso, el estupor que provocó entre los jueces la iniciativa de Leire Pajín no puede sorprender. Es comprensible que los magistrados de todas las tendencias reaccionaran a tal planteamiento con términos como «propagandístico, innecesario y peligroso». Porque no sólo hablamos de las situaciones de inseguridad jurídica, a veces irreparables, a las que se condena a estas personas sin sentencia firme por una decisión política, sino también de las consecuencias de una propuesta del Gobierno con carácter imperativo para los jueces. Se acaba así con el margen a la discrecionalidad del tribunal y se abre una nebulosa de incertidumbres constitucionales sobre la intención del Gobierno. Porque lo cierto es que el Código Penal y el Código Civil ya contemplan la posibilidad de que se pueda inhabilitar durante un tiempo para el ejercicio del derecho de custodia de los hijos al procesado por maltrato. En esos casos, el juez decide en función del interés del menor.

Queda claro que la reforma gubernamental acaba con el arbitrio judicial y las garantías consiguientes. El Ejecutivo está obligado a blindar el Estado de Derecho y no a agrietarlo con medidas contrarias a un sentido constitucional de la Justicia. Que los políticos pretendan adelantarse a las sentencias de los tribunales resulta un despropósito mayúsculo y un salto al vacío de graves consecuencias, que podrían pagar, por ejemplo, los encausados por una denuncia falsa.

El dolor de las mujeres y de los hijos no puede tampoco utilizarse al servicio de un espectáculo político para obtener un rédito puntual. La ministra Leire Pajín ha explotado de forma partidista el sufrimiento de las víctimas. Haría bien el Gobierno en aplicar el sentido común y volcar sus esfuerzos en mejorar los medios materiales y humanos de amparo a quienes sufren el drama de la violencia familiar, y no en sustituir a la Justicia.