La Generalitat sacará a subasta pública las herencias que reciba

Valencia- La Generalitat valenciana necesita obtener liquidez. Por ello, una de las medidas que va a aplicar a partir de este año es la salida a pública subasta de los bienes recibidos por herencia «ab intestato» (sin testamento), de las que se beneficia la institución.

Esta es una de las herramientas que se incluyen en el importante paquete de medidas de impacto del Consell para conseguir la estabilidad presupuestaria en 2012. Algunas de las otras actuaciones pasan por renegociar a la baja los contratos vinculados a los grandes eventos (algo que el presidente de la Generalitat ya ha iniciado con la Fórmula 1), controlar el absentismo laboral, con medidas como la huella digital, o vincular el salario de los altos cargos, personal eventual y del sector público, al déficit de 2012.

Ajuste sanitario
Uno de los capítulos más importantes de este documento de recortes es el del ajuste en Sanidad. En el apartado de farmacia se explica que la Generalitat ha establecido un tope de 150.000 euros de facturación por oficina de farmacia, que se desembolsarán de forma conjunta y «a la mayor brevedad posible», tal y como matizaron fuentes de la Conselleria de Sanidad. A partir de dicha cantidad, se «negociará» el plazo del pago.

De esta manera se quiere favorecer a las pequeñas y medianas farmacias, puesto que son las que obtienen una menor facturación y, por lo tanto, las que pueden necesitar de una manera más inmediata la liquidez procedente de los pagos de la Generalitat.
En este mismo apartado también se contemplan otras acciones como la revisión de historiales farmacoterapéuticos (esto es, ajustar la cantidad de medicamentos estrictamente necesaria para cada enfermo crónico), así como el suministro a los centros sociosanitarios de los medicamentos adquiridos por el sistema sanitario.

Dentro del ámbito de la salud, también se incluye el mecanismo de cobro directo a pacientes extranjeros que no documenten su cobertura o a los que tengan un seguro privado. Esta medida, que intenta acabar con el conocido como «turismo sanitario», supondrá diez millones de euros al año adicionales.

Además, este año también entrará en vigor la tasa por solicitud de acreditación de centro sanitario y por la renovación de la tarjeta sanitaria en caso de extravío o pérdida. Con esta actuación la Generalitat conseguirá un millón de euros al año.