Catarsis judicial

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no ha perdido el tiempo en poner en marcha la ambiciosa reforma de la Justicia incluida en el programa electoral con el que el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta el pasado 20-N. En su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, el ministro informó a los diputados de las primeras medidas de una ambiciosa reforma que acometerá el Gobierno, y que abarca desde la creación de una tasa para recurrir las resoluciones judiciales hasta la reforma del Código Mercantil, pasando por asuntos de gran interés público como la reforma de la legislación sobre el aborto, las modificaciones en la Ley del Menor o la prisión permanente revisable para delitos excepcionales. El hecho de tratarse de medidas previsibles no ha impedido que el anuncio de Ruiz-Gallardón haya caído como una bomba en las filas de la oposición, donde quizás se esperaba que el Gobierno de Rajoy renunciase, al menos temporalmente, al cumplimiento de su compromiso electoral en aras de un supuesto Pacto de Estado sobre la Justicia, previamente anulado en la práctica por el anterior Ejecutivo del PSOE. La propuesta de modificación de la Ley del Aborto se ha planteado, con razón, como una de las primeras que deben adoptarse. Por eso, en sus primeros días de ejercicio, el Gobierno ratificó su intención de cambiar la norma para evitar la barbaridad de que adolescentes menores de edad pudiesen abortar sin conocimiento ni permiso de sus progenitores. Pero a la hora de abordar la reforma, será sin duda coherente con el discurso del PP de profundizar en la protección efectiva de los no nacidos, en la misma línea en la que se pronunció en su día el Tribunal Constitucional. Es igualmente urgente aplicar reformas que eviten situaciones escandalosas que producen el absoluto rechazo de la sociedad en su conjunto, en asuntos como el «caso Marta del Castillo», que evidencian la necesidad de mayor coordinación informática y nuevas leyes para poder juzgar con equidad y eficacia a los menores delincuentes, y de la aplicación de penas de prisión permanente y revisable para casos muy excepcionales, al estilo de las existentes en otros países de nuestro entorno. También es acertada y necesaria la propuesta de crear una tasa para poder recurrir las resoluciones judiciales. Su aplicación, que no afectaría al ámbito penal ni acabaría con la Justicia gratuita para quienes carecen de medios, reducirá sin duda la extraordinaria litigiosidad que hoy bloquea nuestros tribunales y dará agilidad a los procedimientos. El actual atasco resulta inaceptable, pues no hay mejor forma de garantizar los derechos de los ciudadanos que con una Justicia rápida y eficaz. Gallardón ha empezado con buen pie y con paso firme.