De Santiago-Juárez ofrece pactos para reforzar pueblos y servicios públicos

Para empezar, uno de Ordenación del Territorio, en el que se comenzará a trabajar en septiembre, cuando se constituirá una Mesa de trabajo, que será «escenario de encuentro y negociación». De Santiago-Juárez confió en que el acuerdo se produzca antes de que concluya el primer año de legislatura, permita mejorar la calidad de vida de castellanos y leoneses y sirva para aportar servicios de forma «más eficiente, adecuada y con un mayor potencial de futuro». A partir de la iniciativa, se desplegarán las nuevas áreas mancomunadas de interés comunitario, con el objetivo, dijo, de «sacar a los municipios del aislamiento y la marginalidad». El contenido de los acuerdos se plasmará en un Proyecto de Ley de Gobernanza, Ordenación y Servicios en el Territorio.

Gobernanza local
El segundo acuerdo de Comunidad irá encaminado a dar continuidad al antiguo Pacto Local. Con un nuevo documento, se pretende agilizar trámites, definir el papel de los pequeños municipios, delimitar competencias para evitar duplicidades y continuar con la Ley de Transferencia de Competencias a las entidades locales. De hecho, se abordará la integración en la Comunidad de «competencias impropias». Para cumplir con todo esto, elaborará una norma de Cooperación Económica con las entidades locales castellano y leonesas, con un mínimo de inversión de 1.600 millones de euros, cantidad que aumentaría si el PIB avanza por encima del 2,5 por ciento algún año.
Un tercer Pacto se centra en el «blindaje» de los servicios públicos, dirigido al futuro, calidad, equidad y sostenibilidad de los mismos, cuya firma podría producirse en menos de un año. En el mismo, será clave la participación social y política.

Avance poblacional
Por otra parte, en septiembre se reunirá el Consejo que incorporará a la Agenda para la Población todas las medidas del programa de gobierno sensibles. En esa herramienta de trabajo, se incluirá rebajar al 2,5 por ciento del crecimiento del PIB el requisito para la activación de medidas y la búsqueda de un acuerdo político de fondo, el cuarto de los planteados. En este ámbito, se impulsará el III Plan Integral de Inmigración 2014-2017, una norma referida a la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior y el II Plan Integral de Apoyo a ese colectivo para el periodo entre 2013 y 2016.
En cuanto a las relaciones con el Estado, la Junta demandará financiación autonómica justa, con el factor superficie como prioridad, así como un marco estable en el Plan de Convergencia Interior. Sobre una mayor participación del gobierno autonómico en la cuenca del Duero, convocará tras las vacaciones la Comisión de Cooperación Junta-Estado, que preside Castilla y León desde este segundo semestre, «para avanzar en esa pretensión».
Por otra parte, De Santiago-Juárez defendió un pacto más, en este caso social, por la Transferencia y para la Modernización de la Justicia, que se firmará antes de que acabe el año y definirá las condiciones mínimas para aceptar el traspaso.
La cooperación «de segunda generación», con criterios de austeridad y eficiencia, constituye otro desafío, y se insistirá en favorecer el diálogo y estrechar lazos con todas las regiones, en particular el País Vasco, la única con la que aún no hay acuerdos.
En cuanto a la agenda exterior, que quedará definida antes de que termine el año, tendrá a Europa como protagonista, y sobre todo a Portugal, con la asunción de la presidencia de las Comunidades de Trabajo con las Regiones Norte y Centro lusas y el impulso a la macrorregión, a partir de la cual se lanzará un Máster en Comunicación con las 21 universidades de Galicia, Portugal y Castilla y León.
Por último, la Consejería pondrá en marcha una Plataforma de Gobierno Abierto, , para ofrecer nuevos cauces de participación ciudadana a partir de 2012.

El PSOE, abierto a acuerdos evaluables e IU pide culminar el traspaso de la Justicia
La portavoz socialista en la Comisión de Presidencia, Ana Redondo, ofreció colaboración a la Junta para llegar a acuerdos, «pero no de cualquier modo». Así, señaló que su formación no participará en ningún pacto que no tenga un diagnóstico certero, unos objetivos claros, una financiación suficiente y una evaluación transparente y periódica, en estas Cortes, de los avances que se vayan produciendo». Redondo apostó por resolver los «graves problemas» que padece la Comunidad, e insistió: «hay que resolverlos, no disolverlos».
En este contexto, acusó al consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, de ser un «gran prestidigitador», para después agregar que «las palabras no resuelven los problemas».
Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto en la Comisión, José María González, señaló que la comparecencia del consejero aportó una «retahíla de atribuciones y de perspectivas de futuro» y echó de menos un mayor énfasis en la ordenación del territorio, para lo que defendió una apuesta por la comarca para dar a Castilla y León mayor dinamismo social y económico. Asimismo, defendió la transparencia en las tareas de gobierno y denunció que «ya está bien de que la justicia sea una pelota de juego», para reclamar que su traspaso se culmine.