España quiere una «investigación sin fronteras» de delitos dentro de la UE

MADRID-Europa avanza de forma significativa en la construcción de una Unión lo más fuerte posible en materia política, económica y legislativa. Sin embargo, lograr puntos de encuentro sólidos y cooperación en materia judicial, donde desaparezcan los recelos y éstos se sustituyan por la mutua confianza entre los estados miembros es algo que todavía dista bastante de poderse lograr; y ello, pese a que en los últimos años se ha puesto en marcha la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), que hace que cualquier país europeo tenga que detener y entregar a quien esté reclamado por las autoridades judiciales de otro Estado, o el Convenio de Asistencia judicial Mutua entre países de la Unión Europa.
Ahora se quiere dar un paso más y avanzar hacia un objetivo nada fácil de lograr, y, en todo caso, lejano: la creación de un Poder Judicial Europeo. En este campo lo que es ya un proyecto de directiva europea que debe concluir en pocos años en lo que será la Orden Europea de Investigación (OEI), que debe operar en términos similares a la OEDE, pero ceñido a las investigaciones de delitos. La iniciativa partió de Bélgica, pero de forma inmediata se sumaron a ella algunos de los 27 países que hoy forman parte de la UE, entre ellos España. Para coordinar la actividad de cooperación judicial internacional de las fiscalías en España, la Fiscalía General del Estado, dirigida por Cándido Conde-Pumpido, constituyó la Unidad de Cooperación Internacional, al frente de la cual se encuentra la fiscal de Sala Rosa Ana Morán junto a otros dos representantes del Ministerio Público.
El objetivo de la OEI es, en palabras de Rosa Ana Morán y el fiscal Jorge Espina, que sea un instrumento que pivote sobre el Principio de Confianza Mutua, que es la base del reconocimiento mutuo que inspira tanto la OEDE como este nuevo mecanismo para la obtención de pruebas. Es decir, «que la orden que dicte una autoridad judicial Europea –ya sea juez o fiscal quien lleve a cabo la investigación– sea reconocida directamente por la autoridad judicial del país a la que va dirigida, y, por tanto, directamente ejecutable».
De esta forma, la autoridad a la que vaya dirigida podrá realizar directa e inmediatamente aquellas diligencias para la investigación que se esté llevando a cabo en el país requirente sobre cualquier hecho delictivo, como pueden ser la toma de declaraciones, pruebas periciales o entradas y registros en domicilios. Una vez realizadas esas diligencias, sus resultados se trasladarían a la autoridad española encargada de esa investigación. Así, «cualquier fiscal o juez de la UE podrán llevar a cabo una investigación fuera de su Estado como si lo hiciera en el propio», inciden al respecto los dos fiscales citados de Colaboración Internacional.
Desde el punto de vista práctico, la OEI clarificaría el procedimiento a seguir y reduciría la inseguridad jurídica, al crearse un modelo único. Además, sería compatible con la OEDE y debería sustituir también a las comisiones rogatorias entre Estados miembros de la Unión Europea.

«Medidas correctoras»
En un principio, la obligación de este reconocimiento de las órdenes de la autoridad judicial nacional afectaría a todo tipo de infracciones. Para evitar «problemas» señalan Rosa Ana Morán y Jorge Espina, se establecen «medidas correctoras razonables», donde la autoridad judicial requerida podrá sustituir las medidas pedidas por la requirente si considera que se puede llegar a obtener los mismos resultados con «medidas menos rígidas».

HACIA UNA FISCALÍA EUROPEA
1.- PRESIDECIA ESPAÑOLA
Fue cuando Conde-Pumpido impulsó esa propuesta, prevista en el Tratado de Lisboa.
2.- DELITOS FINANCIEROS
 Se dedicaría , en la primera fase, a investigar hechos que afecten a los intereses financieros de la UE.
3.- SEGURIDAD JURÍDICA
La entrada en vigor de la OIE reduciría la inseguridad jurídica al clarificar el procedimiento a seguir
4.- UN OBJETIVO FINAL
El objetivo final de todas esas iniciativas es lograr la creación de un Poder Judicial Europeo.