Servicios mínimos del 226% en la administración autonómica

Valladolid- La Junta de Castilla y León aprobó ayer los acuerdos que garantizan la prestación de servicios esenciales de la administración autonómica, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la Sanidad, la asistencia a personas que necesitan atención especial, la apertura de los centros docentes y la seguridad y protección de las personas, los bienes y el patrimonio.
Una medida que establece en que el 22,6 por ciento de los empleados con nómina en la Junta de Castilla y León no podrán participar en la huelga para garantizar el correcto funcionamiento de esas actividades públicas básicas.
Así lo avanzó el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, quien rechazó las críticas del secretario regional de UGT, Agustín Prieto, quien aseguró que la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso podría estar incurriendo en un delito de «prevaricación» por lo «abusivos» de esos servicios mínimos. A su entender, estas declaraciones se sitúan en el marco del debate «prehuelga general», aunque «no ha habido abuso».
De Santiago-Juárez recordó que en Castilla y León hay 87.854 empleados dependientes de la administración autonómica, que dispone de más de cinco mil centros de trabajo. De ellos, el 41 por ciento de quienes pertenecen a Sacyl acudirán de forma pactada a su puesto de trabajo, mientras que en las cuatro universidades públicas al menos lo harán el tres por ciento de los trabajadores.
En los institutos, escuelas y centros formativos dependientes de la Junta serán, al menos un 9,4 por ciento de los empleados los que deberán fichar el día de la huelga, el miércoles 29 de septiembre.