La Audiencia rechaza rebajar la fianza al ex consejero Fernández

Sevilla- El ex consejero de Empleo Antonio Fernández seguirá en la cárcel, a menos que pueda reunir 450.000 euros. El recurso interpuesto por su abogado en la Audiencia provincial tuvo efecto en un primer momento, ya que enmendó el auto de la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, que decretó para el ex alto cargo socialista prisión sin fianza. Pero hasta aquí ha llegado de momento el éxito de la defensa. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial no admite el escrito presentado por el abogado de Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoy, al no caber recurso, y mantiene por tanto los 450.000 euros que el ex consejero tendrá que abonar en metálico si quiere salir de la cárcel sevillana de Morón de la Frontera.

La fianza impuesta a Fernández es la más alta de todas las decretadas hasta el momento. En la cárcel también permanece el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social entre 1999 y 2008, Francisco Javier Guerrero, pieza clave en la trama y que acuñó en su declaración ante la Policía la expresión «fondo de reptiles»; además de su ex chófer, Juan Francisco Trujillo, que reconoció haber gastado junto al anterior en torno a 25.000 euros mensuales en cocaína, de los 1,5 millones de euros que percibió en tres subvenciones y la prejubilación irregular de su madre. La juez envió en un primer momento tanto a Guerrero como a Trujillo a prisión sin fianza. No obstante, la Audiencia resolvió a favor del chófer y le posibilitó salir de la cárcel bajo el pago de 150.000 euros. En el caso de Guerrero, la fianza, acordada por la magistrada después del posicionamiento claro de la Audiencia en contra de la prisión sin fianza para los inculpados, se eleva a 250.000 euros. Guerrero no ha recurrido, pero ha iniciado una campaña personal para intentar recaudar el dinero. Entre otras acciones, su mujer está enviando mensajes de móvil a allegados y conocidos pidiendo ayuda y aportando un número de cuenta.

Antonio Fernández ha estado vinculado a la Consejería de Empleo en puestos directivos durante 15 años. Primero como viceconsejero y luego como consejero entre 2004 –cuando cogió el testigo de José Antonio Viera– y 2010 –cuando se lo cedió a Manuel Recio–. La juez le impuso, en un auto fechado el 5 de mayo, la fianza por responsabilidad civil más alta hasta el momento: 807.403.232 euros, que hace referencia al posible menoscabo de fondos públicos cometido más el tercio al que obliga la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y le inculpó, asimismo, de los posibles delitos continuados de prevaricación, malversación y obtención indebida de ayudas públicas, además de negociación y actividad prohibida a los funcionarios y falsedad en documento mercantil. No obstante, la Sección Séptima de la Audiencia, en un auto del 12 de julio, matizó los dos principales argumentos esgrimidos por la juez –riesgo de fuga y posible obstrucción de las actuaciones– para mantenerle en prisión sin fianza .

«Tanto el riesgo de fuga que se predica como el de la posibilidad de obstrucción de la instrucción no pueden desconocer lo que los datos objetivos apuntan, esto es, que si hubiese sido intención del imputado eludir la acción judicial u obstruir la instrucción, tiempo ha tenido para hacerlo. Desde la recepción del burofax citado a las 10:00 horas del 14/03/2011 hasta su declaración el 20/4/2012 han transcurrido trece meses, tiempo más que suficiente para estando su defensa personada y siendo conocedora del avance de la instrucción, hubiera podido eludir la acción judicial, como pudo hacerlo una vez conocida la imputación pues la toma de declaración duró cuatro días y fue conocedor desde el primero de ellos de los concretos hechos e infracciones penales que se le atribuían», señaló la Audiencia.

La defensa de Fernández ya señaló que la cantidad estipulada por la Audiencia era «desorbitada» y que se encontraba por tanto «fuera de las posibilidades económicas» del ex consejero de Empleo. Ayer esgrimió que «seguirá luchando» para conseguir la excarcelación. La Audiencia tuvo en cuenta para fijar la fianza, entre otras cosas, que el ex consejero «haya permanecido en cargos públicos de alta responsabiliad más de una década con las remuneraciones consiguientes». Su último cargo fue la Presidencia del Consejo de vinos de Jerez. Cobraba 6.000 euros al mes.