La juez pide a la Gerencia documentos de Mercasevilla que afectan a Marchena

El escenario cambia sustancialmente. La titular del juzgado número 6 de Sevilla, que instruye, entre otras causas, la presunta venta irregular de suelos de Mercasevilla, solicita a la Gerencia de Urbanismo que remita dos documentos que son claves para deshilvanar la presunta trama. El primero, «una copia compulsada e íntegra del expediente que dio lugar al convenio entre la Gerencia de Urbanismo y Mercasevilla de fecha 26 de octubre de 2006». El segundo, «la copia íntegra y compulsada del expediente relativo a la solicitud de Larena 98 de licencia de obras», «que deberá contar con todos los informes emitidos y que una vez cotejados con los recibidos en su día –por la Corporación anterior–, se acordará sobre su inclusión en la causa o su destrucción».
El auto de Alaya, al que ha accedido este periódico, está fechado el 27 de junio y la notificación se produce sólo cuatro días después de que la juez instructora tomara declaración al ex gerente de Urbanismo Manuel Marchena, quien se desvinculó en todo momento de la operación urbanística e incluso respondió con evasivas, tal y como queda reflejo en su declaración del pasado jueves, cuando fue preguntado por algunos aspectos concretos de la petición de licencia de obras de Larena 98.
Marchena se enfrenta a los posibles delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación, delito de fraude y exacciones ilegales de cargos públicos y delito contra la ordenación del territorio. En el rastro de estas presuntas ilegalidades se cruzan los documentos que ahora requiere la juez a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense.
Las indagaciones del juzgado se centran en la intermediación de Manuel Marchena, junto con otros inculpados como el ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet; su adjunto, Daniel Ponce; o el ex director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, para que Larena accediera a la subrogación de sus derechos sobre la superficie –de 17 años prorrogable por otros 10– y que al mismo tiempo desistiera del pleito de más de 16 millones de euros que tenía interpuesto por incumplimiento contractual. Esta solución pasaba por que Sanma, que se hizo con los terrenos pese a presentar una oferta de 50 millones de euros inferior a Noga, pudiera construir la nueva sede de Mercasevilla aprovechando las posibilidades del nuevo PGOU y quedarse con la opción de compra de los actuales terrenos de la lonja pública. Marchena facilitó supuestamente la consecución de la licencia de obra a Sanma «de manera arbitraria, infringiendo las normas urbanísticas vigentes y subsistiendo los mismos impedimentos legales que habían derivado en la no obtención de dicha licencia por parte de Larena». A la construcción de la nueva sede de la Unidad Alimentaria es a lo que se circunscribe el convenio de 26 de octubre de 2006 que ahora pide Alaya, que también vulnera las directrices del Plan General de Ordenación Urbana.