El PSOE confía en salvar el plan de vivienda aunque no aclara cómo

SEVILLA- El 27 de julio la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció la intención de su departamento de suprimir a partir de 2011 las ayudas estatales a la promoción y compra de VPO, para centrarlas en la rehabilitación de inmuebles y el alquiler. La nueva estrategia del Gobierno central supone un claro varapalo al Plan Concertado de Vivienda y Suelo de la Junta 2008-2012, que prevé la construcción de 132.000 casas protegidas en ese periodo.

Sin embargo, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Jiménez, se mostró ayer confiado en que su partido llegue a un acuerdo con el Gobierno de España sobre ese asunto, de forma que la retirada de esas ayudas se haga al menos de forma gradual. Jiménez señaló que las políticas de vivienda «son indispensables, forman parte de los derechos reconocidos en el Estatuto de Autonomía y van a contar con todo el respaldo económico y político del Ejecutivo andaluz» y aseguró que así lo defenderán los socialistas andaluces en los encuentros bilaterales que se van a producir los primeros días de septiembre entre el Ministerio de Vivienda y la Junta.

Preguntado sobre el mecanismo que emplearía el Gobierno autonómico en caso de que no se produjese el acuerdo deseado, Jiménez recordó que el Ejecutivo central «ya ha dicho que va a plantear un escenario de flexibilidad en la aplicación de la nueva política de vivienda». «Lo que habrá que diseñar será un escenario de aplicación en el que el sistema financiero permita cumplir con los compromisos», matizó para añadir que la voluntad de la Junta «es seguir cumpliendo con los compromisos en materia de vivienda». Lo que no implica, al menos de momento no está «encima de la mesa», que aportará la cantidad que deje de poner el Ministerio.

Para el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su homólogo en Andalucía, José Antonio Griñán, han «sepultado» el Plan Concertado de Vivienda y Suelo puesto en marcha por el ex presidente andaluz Manuel Chaves, «lo que afectará a un total de 15.000 familias en la región». Por su parte, la patronal andaluza de la construcción, Fadeco, criticó que las administraciones estatal y regional «quieran acabar con la VPO», lo que «hará daño a los promotores pero también a muchas personas que accedían a las subvenciones para poder optar a la vivienda social». Lamentaron la condena del sector «a las cloacas».