«Nadie nos obligará a matar a un paciente»

madrid- El pasado 6 de septiembre, Ramona Estévez, de 91 años, moría en el Hospital Blanca Paloma de Huelva tras 14 días de sufrimiento. La mujer, en estado de coma irreversible tras sufrir un infarto cerebral, había sido desconectada de la sonda nasogástrica que la mantenía con vida por orden de la Consejería de Salud de Andalucía, después de que sus hijos así lo solicitasen, si bien no existía ningún testimonio por escrito que acreditase su voluntad.
El caso, que fue denunciado por la plataforma Derecho a Vivir (DAV), ha levantado ampollas entre numerosos miembros de la comunidad médica, que consideran que las circunstancias que han rodeado la muerte de Ramona ilustran los fallos y las carencias de las, en palabras de la doctora Gádor Joya, portavoz de DAV, «mal llamadas leyes de muerte digna».

LA RAZÓN ha reunido a cinco facultativos para que expliquen y valoren los efectos que estas normas tienen en los pacientes y en la práctica profesional y la conclusión es clara: no están dispuestos a que las decisiones administrativas se impongan a las buenas prácticas médicas.

De esta opinión es Álvaro Gándara, presidente de la Sociedad Madrileña de Cuidados Paliativos. «Aplicar estrictamente la Ley y el principio de autonomía del paciente por encima de cualquier principio médico deja atados de pies y manos a los facultativos», afirma. Para Gándara, es preciso actuar conforme a la buena praxis sin que se imponga el criterio del paciente, de los familiares o de la Administración.

«Es una objeción de ciencia, no de conciencia». Considera que casos como el de Ramona dejan indefensos jurídicamente a los médicos, que se ven obligados a actuar sobre la base de la interpretación de la Ley por parte de la Administración, cuando debería ser un juez el que decidiese qué hacer. «Lo que tiene que acabar con la vida del paciente es la patología, no la actuación del médico», defiende.

La portavoz de DAV cree que ha quedado claro para qué sirven leyes de muerte digna como la que rige en Andalucía o la que prevé implantar el Gobierno socialista si gana las próximas elecciones generales del 20 de noviembre: «No para procurar mejores cuidados y atención a los enfermos al final de sus vidas, sino para darles muerte más rápidamente. A partir de ahora cualquiera que entre incosciente en un hospital, quedará expuesto a que un tercero decida si merece la pena que siga vivo o no». Joya cree que en un país en el que la población envejece alarmantemente y en el que el acceso a los cuidados paliativos sigue siendo una asignatura pendiente, «se corre el riesgo de que, en aras de una falsa piedad, se decida dejar morir a todo aquel que pueda suponer una carga».

Para Enrique Jaureguízar, director de Médicos por la Vida, estos casos demuestran que «se ha perdido totalmente el sentido común». En su opinión, los médicos tienen el deber de aliviar el dolor de los pacientes, pero no el de provocarles la muerte. «Nos quieren obligar a no dar las medidas básicas, lo que equivale a matar al paciente, y muchos no estamos dispuestos», avisa.

Otros facultativos como el doctor Manuel Martínez-Sellés, jefe de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, opinan que lo más preocupante es que, «sin motivo justificado, se toma una decisión contra el criterio de los médicos que atendían a Ramona, que habían determinado la necesidad y oportunidad de nutrir e hidratar a la paciente a través de una sonda nasogástrica». Así, Martínez-Selles tiene claro que un médico nunca puede dejar de considerar a sus enfermos como personas o creer que son menos dignos por presentar enfermedades graves o incurables», y lamenta que las leyes de muerte digna «den amparo legal a los pocos médicos que cometen actos de eutanasia».

«Provocar la muerte es contrario a la ética», señala la doctora María Alonso, coordinadora de Medicina de Profesionales por la Ética, para quien «se está poniendo en entredicho el supuesto derecho a decidir sobre la propia vida que defienden los partidarios de la eutanasia, ya que es otra persona la que decide privarte de la alimentación».