El «chivatazo» caso abierto

El juez Pablo Ruz permanece a la espera de que la Sala de lo Penal redacte el auto por el que se acordó por unanimidad que el sumario del caso del «chivatazo» prosiga en la Audiencia Nacional para que continúe la investigación de uno de los mayores escándalos de nuestra democracia como fue la delación policial que abortó una operación contra el «aparato de extorsión» de ETA en mayo de 2006. En estos momentos, la situación procesal de los tres mandos de Interior implicados, García Hidalgo, Ballesteros y Pamies, es confusa, si bien es cierto que la Sala revocó su procesamiento y frustró el juicio oral solicitado por el instructor. El «Faisán» es, por tanto, un caso abierto, y no cerrado, como desde el Gobierno y el PSOE se ha pretendido trasladar a la opinión pública después de la resolución de la Sala.

Que la investigación prosiga es razonable no sólo porque hablamos de actos graves con consecuencias importantes en la lucha contra ETA, sino porque la instrucción del juez Ruz ha propiciado más que sólidos indicios sobre actuaciones que deben ser depuradas por la Justicia. Es un criterio compartido también por el Pleno de la Sala de lo Penal, que entendió por unanimidad de sus 14 miembros que detrás del «chivatazo» existió un delito. En este sentido, LA RAZÓN, que ha tenido acceso al sumario en exclusiva, publica hoy detalles esclarecedores del testimonio del dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, ante el juez Ruz.

Según su declaración, «la Policía que había allí tenía que saber mejor que yo quién me dio el móvil», porque «por lo menos había ocho o diez inspectores». Elosua dijo que los agentes estaban allí «todos los días» y que eran «como de la familia». Además de que no pudo identificar al inspector Ballesteros como la persona que le entregó el teléfono, el relato de los hechos demuestra que el despliegue policial era de envergadura, que hubo demasiados testigos y que Interior tenía bajo control todo lo que ocurrió en el Faisán y sus alrededores en aquella jornada, incluidas las famosas grabaciones y el intenso tráfico de llamadas.

Estamos ante un escenario poco tranquilizador para Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho, pues el juez Ruz comenzará nuevas diligencias para reforzar el relato de los hechos que él ya dio por bueno y que plasmó en un auto de procesamiento contra los tres mandos dependientes del entonces ministro del Interior y del secretario de Estado para la Seguridad.

El juez concluyó que existieron indicios de un delito de colaboración con banda armada basado en un informe final de conclusiones que encargó al equipo policial que investigó los hechos y no tiene razones para rectificarse a sí mismo, aunque sí para reforzar los elementos probatorios que podrían afectar a nuevos implicados.

El «Faisán» no puede cerrarse en falso. Es demasiado grave para que el Estado de Derecho mire para otro lado. Y también habrá que depurar las responsabilidades políticas. Cinco años y medio después, el hoy candidato socialista no ha dado explicación alguna. Se ha limitado a atacar al PP, pero no ha aclarado por qué bajo su dirección se alertó a unos terroristas de que iban a ser detenidos.