La investigación del Plan Centro arranca con las pautas marcadas

SEVILLA- La comisión de investigación sobre el blindaje al vehículo privado del Casco Histórico comenzó ayer con los diferentes grupos enrocados en sus posiciones de partida y sin que, más de dos meses después de la derogación, el Ayuntamiento haya ofrecido una alternativa al Plan Centro. El «anunciado caos» en la circulación, según el portavoz municipal, Francisco Pérez, «no se ha producido». Tampoco hay un modelo mejor al anterior.

La primera sesión trató sobre el funcionamiento de la comisión y las peticiones documentales y de comparecencias. PSOE e IU solicitan la presencia de 26 personas y todos los informes sobre la licitación y funcionamiento del plan. Declararán los actuales y anteriores delegados y directores de área de Movilidad y el director general de la concesionaria de las cámaras, Sice, entre otros.

El PP mantiene su abanico de axiomas, corroborados, defienden, por los informes técnicos: el plan era un fraude basado en una mentira, el sistema no funcionaba, no se multaba en el intervalo de tiempo anunciado y no había medios suficientes para llevar a la práctica el sistema. «Queremos saber quién lo sabía», resaltó.

Para el PSOE, el fin justifica los medios. Como mejoró la fluidez del tráfico en el centro, el portavoz socialista, Juan Espadas, sostuvo que el Plan Centro funcionaba. Este mismo argumento esgrimió IU, destacando la mejora de la calidad del aire.

El presidente de la comisión, Francisco Pérez, cree que en 15 días estará la información requerida, en aras de la transparencia. «No se trata de perseguir a nadie, sino de poner de manifiesto la verdad», aseveró. Espadas opinó que el objetivo del Gobierno es «alargar» el proceso como «cortina de humo» tras la derogación, habló de «manipulación» del Consistorio –por «el técnico que accedió a los expedientes de un modo anómalo» para el primer informe– y se mostró dispuesto a reclamar responsabilidades al propio portavoz municipal, al hablar de «fraude», según indicó también por carta a Zoido. «Si está todo tan claro, por qué no van a los juzgados», preguntó Espadas. Torrijos argumentó que el Ejecutivo quería «enmascarar su profundo error y actitud antidemocrática de derogación». Para el Gobierno local es «suficiente con que conste que se trataba de un engaño colectivo de los miembros de la anterior Corporación».