Los cargos públicos que falseen cuentas irán a la cárcel

MADRID- El Consejo de Ministros aprobó ayer la Ley de Transparencia y la reforma del Código Penal que endurece las sanciones contra los cargos públicos que falseen u oculten las cuentas, así como contra los defraudadores fiscales o a la Seguridad Social. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que las reformas responden a una nueva «filosofía de lo público» que pretende acabar con aquellos que «van de listos por la vida» sin pagar sus impuestos, cobrando subvenciones que no les corresponden al mismo tiempo que están trabajando o perjudicando al interés general con engaños en su gestión pública.

Unas reformas con olor regeneracionista y que aspiran a «acabar en España con la visión tolerante de los que defraudan», es decir, propiciar un cambio de mentalidad en lo privado para terminar con esa «visión no positiva, pero sí tolerante» frente al que defrauda, no paga impuestos, da facturas sin IVA o trabaja y cobra el paro a la vez con los impuestos de todos los españoles. «El fraude es para la Hacienda Pública y, por tanto, para todos los españoles», alegó la vicepresidenta para enmarcar el sentido de las medidas ayer aprobadas.

En la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, lo más novedoso es que su paso por los perceptivos órganos consultivos, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Consejo de Estado, han facultado al Gobierno para endurecer las sanciones contra los malos gestores, contra los políticos que falseen facturas o las oculten. Para los supuestos de más gravedad, cuando esos comportamientos causen un grave perjuicio a la Administración, la sanción será de prisión entre 1 y 4 años, además de la inhabilitación de 3 a 10 años.

Hasta ahora, la pena prevista era de inhabilitación entre 1 y 10 años. Sáenz de Santamaría citó intencionadamente, como ejemplo de comportamiento que pretenden erradicar con esta norma, la desviación en las cifras de déficit heredada del Gobierno socialista, y de la que son también responsables las comunidades autónomas de todos los colores políticos.

La nueva ley conlleva una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para garantizar que el cargo público penado con una sanción grave no pueda volver a presentarse a unas elecciones.

Derecho a la información
La Ley de Transparencia, que tramitarán las Cortes en septiembre, regula el derecho a la información de las instituciones públicas e incluye un Código de Buen Gobierno con un régimen de infracciones. El Ministerio de Hacienda queda facultado para sancionar a las autoridades de cualquier Administración Pública sea estatal, autonómica o local que incumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Las respuestas a los ciudadanos en la obligación de publicidad activa se tramitarán a través de un Portal de Transparencia, una web compartida por toda la Administración General del Estado. Entre las últimas incorporaciones está un plan de calidad y simplificación normativa dirigido a limitar la inflación reglamentaria y reducir la litigiosidad.

En su conjunto, estas reformas tienen como objeto que sean imputables hechos que hasta ahora eran sancionables administrativamente y, asimismo, aumentar el celo contra las nuevas modalidades de fraude, como las tramas para facilitar prestaciones fraudulentas de paro, maternidad o discapacidad. La modificación del Código Penal afectará también a los talleres clandestinos.

Para los delitos fiscales agravados la pena máxima será de prisión de dos a seis años, en vez de uno a cinco años. Además, el plazo de prescripción pasa a ser de diez años, frente a los cinco años de los restantes supuestos de delito fiscal. El nuevo tipo agravado de delito fiscal se aplicará cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros o cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal. También se aplicará cuando se utilicen negocios, entes o territorios que dificulten u oculten la identidad del defraudador o la determinación de la cantidad defraudada.

El proyecto legislativo recoge la figura del atenuante, es decir, una rebaja importante de la pena en el caso de que haya reparación del perjuicio económico causado. Se aplicará en los casos de regularización dentro de los dos primeros meses tras haber recibido una citación judicial y en los casos en que el contribuyente colabore en la identificación de otros sujetos responsables.