Monterrey

El atentado reabre el debate sobre la política de seguridad en México

La sociedad mexicana ha chocado frontalmente con la amenaza del "terrorismo"indiscriminado con el ataque perpetrado ayer por un grupo del crimen organizado contra el Casino Royale de Monterrey, afirmaron hoy analistas políticos y de seguridad.

"Lo que quiere hacer (el atentado) es básicamente elevar los costos de la estrategia de (Felipe) Calderón" para que "cada vez más gente presione y le diga 'esa no es la estrategia adecuada' porque puede generar actos de terrorismo", dijo a Efe el académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) José Antonio Crespo.

El ataque de ayer ha reabierto el debate sobre la idoneidad de la política de combate frontal a la delincuencia lanzada por el presidente Calderón en diciembre de 2006, que ha significado capturas importantes de delincuentes, pero también ha dejado más de 40.000 muertos por choques entre carteles y de éstos con las fuerzas de seguridad.

La cifra no se actualiza desde enero pasado, pero a ella hay que sumar el goteo de casos ocurridos en los últimos meses, entre ellos los 52 asesinados ayer en un incendio provocado por un grupo criminal aún sin identificar.

En el pasado se han registrado acciones indiscriminadas contra la población, como el ataque con granadas del 15 de septiembre de 2008 en Morelia (oeste), donde sicarios ensombrecieron el festejo del Día de la Independencia, mataron a 8 personas e hirieron a más de cien, pero la de Monterrey es la más cruenta.

Calderón arremetió hoy contra los autores de la matanza, a quienes calificó de "verdaderos terroristas sobre quienes debe caer no sólo todo el peso de la ley sino el unánime repudio"de todos los mexicanos.

Para Crespo, "en una estrategia en la que te vas contra todos los cárteles, y con todo, estimulas este tipo de actos (terroristas) a diferencia de una disuasiva como la que aplican en EE.UU. u otros países, donde sólo te vas contra los cárteles si rompen ciertas reglas". El analista del CIDE cree que a falta de solo quince meses para que Calderón abandone la Presidencia de México, el mandatario "no se va a echar para atrás ya".

"Nunca va a reconocer que estuvo mal su estrategia, nunca. (...) Sería ya su suicidio", señala Crespo, que ve un legado de "mucha más violencia, más desorden, más debilidad institucional, más inseguridad"sin que se reduzca el consumo de drogas en México o haya más control territorial.

Otro analista, el experto en seguridad y relaciones internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Edgardo Buscaglia, afirma que México debe dimensionar bien la situación actual y admitir que está enfrentando "un problema que está afectando a la estabilidad misma del Estado mexicano".

"El presidente no puede seguir escuchando a sus asesores ineptos y simplemente ver esto (la inseguridad asociada a la delincuencia) como un problema mediático que afecta a sus inversiones (las que llegan a México)", apuntó en declaraciones a la emisora MVS.

El experto, que ha trabajado para Naciones Unidas, sostuvo que el patrón de comportamiento de una delincuencia organizada decantada "hacia actos de terrorismo es algo que se ha observado en Rusia, Colombia, Perú"o "Nigeria", por lo que este país debería fijarse más en esas experiencias, sobre todo al atacar mejor las "bases económicas"de la criminalidad.

Para Buscaglia, lo ocurrido en Monterrey es un acto de mayor magnitud que otros sucedidos en los últimos tres años "pero, en la naturaleza, son los mismos actos de terrorismo"que han afectado a policías, políticos, militares y, ahora, a la población civil.

Entre los más importantes destacan en Monterrey el ocurrido el 21 de julio pasado, cuando veintiún personas fueron asesinadas en el bar Sabino Gordo, donde supuestamente se vendía droga.

En agosto de 2010 la organización criminal de Los Zetas privó de su vida a 72 indocumentados de Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras, y Guatemala encontrados en un rancho del municipio de San Fernando, en Tamaulipas.

Ciudad Juárez también ha sido escenario de la violencia, con el asesinato el 31 de enero de 2010 de quince jóvenes que participaban en una fiesta en el barrio Villas de Salvárcar, así como de una decena más en septiembre de 2009 en un centro de rehabilitación de toxicómanos.