El presidente del Consejo del Brandy implicado en los ERE tampoco dimite

La escándalo de los expedientes de regulación de empleo irregulares no se está distinguiendo especialmente por las dimisiones que está acarreando.

Un momento de la manifestación que protagonizaron los empleados de los centros de formación, ayer frente a la Consejería de Empleo, en Sevilla
Un momento de la manifestación que protagonizaron los empleados de los centros de formación, ayer frente a la Consejería de Empleo, en Sevilla

Todo lo contrario. Pese a la gravedad de los hechos –hay 183 personas cobrando pólizas de forma irregular y 700 millones de euros librados sin control entre 2001 y 2007– la asunción de responsabilidades brilla por su ausencia tanto en las escalas superiores como en las inferiores. Un claro ejemplo es el que se produjo ayer en Cádiz. El presidente del Consejo Regulador del Brandy de Jerez, Evaristo Babé, seguirá al frente de la institución después de que el Pleno le ratificara en el cargo tras mostrarle su «total confianza en su honorabilidad personal y profesional».

Se da la circunstancia de que la titular del juzgado número 6 de Sevilla que instruye la causa de los ERE irregulares, Mercedes Alaya, puso de relieve en el último auto del 11 de junio que Evaristo Babé figura como beneficiario de dos pólizas del ERE del Marco de Jerez, por las que cobraría «una prestación por importe aproximado de 2.000 euros mensuales. La anomalía surge cuando «aparece en su vida laboral que se encuentra de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, concretamente en el Consejo Regulador del Brandy de Jerez y en la Federación de Bodegas del Marco de Jerez». Babé, que ya negó de forma rotunda que estuviera cobrando de ningún ERE, fue nombrado presidente del Consejo Regulador en octubre de 2010, el mismo día que también fue nombrado presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Jerez el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, imputado en la trama por los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias y que también sigue en el cargo.

Alaya, en el citado auto del 11 de junio, mandató diligencias para que se investigara «el sueldo que cobraba en los respectivos puestos de trabajo que desempeñaba al tiempo de firmarse las pólizas, como el que obtiene por su cargo de presidente del Consejo Regulador, y su relación personal con Antonio Fernández». El Consejo Regulador indicó en un comunicado que la decisión «unánime» de los vocales se produjo tras atender a las explicaciones de Babé, quien informó ampliamente de la «desgraciada» situación en la que «tan injustamente» se ha visto envuelto.

El «pelotazo» de tener una pensión de invalidez
El ERE del Marco de Jerez para 13 ex trabajadores lo tramitó el director general de Trabajo Juan Márquez y rondó los cuatro millones de euros. La de Babé no es la única presunta irregularidad. Algunos prejubilados ingresaron más de 4.000 euros al mes sumando pensiones de invalidez.

Los centros de formación reclaman a la Junta 50 millones
Más de 200 empleados de los centros privados de formación se concentraron ayer frente a la sede de la Consejería de Empleo, en Sevilla, para denunciar los «graves problemas económicos» que padecen debido a los impagos de la Administración autonómica. En concreto, la Federación Andaluza de Empresas de Formación (CECAP) reclama el pago de 50 millones de euros, procedentes del presupuesto para formación del departamento que dirige Manuel Recio.

La Junta tiene previsto invertir 400 millones de euros en este apartado y aún quedan pendientes 200 millones. Según el presidente de CECAP, Juan Antonio Ocaña, esta situación se traduce en que «muchos cursos no se están empezando», así que algunos empresarios «se están planteando despedir a empleados e incluso cerrar los centros». Ocaña no cree que los últimos escándalos sobre ayudas a la formación que se otorgaban a familiares de dirigentes socialistas estén influyendo en los impagos.

Andalucía cuenta con más de 1.000 centros de este tipo, con 15.000 empleados que ofrecen formación a más de 80.000 desempleados. Por su parte, Recio se apresuró a confirmar que su departamento «no ha incumplido sus compromisos» y señaló que «en el ecuador del año ha comenzado el 56% de los cursos». Además, remarcó que «nadie de los que los tienen asignados no quiere realizarlos».