Egmasa cobró el 35% de cada obra que le encomendó la Agencia del Agua

 La fiscalización que la Cámara de Cuentas hace de los entes instrumentales tiene un problema: que cuando denuncia los hechos, muchas de estas empresas ya no existen o han modificado su estatus jurídico. Es lo que ha ocurrido con el informe sobre la Agencia andaluza del Agua y la gestión de las infraestructuras hidráulicas entre 2005 y 2009, encomendadas en su mayoría a la Empresa Pública de Gestión Medioambiental (Egmasa).

Ni la Agencia del Agua ni Egmasa existen ya como tales, ya que ambas se integraron en la estructura de la nueva Agencia de Medio ambiente y Agua fruto de la aprobación de la ley de reordenación del sector público empresarial, el conocido como «decreto del enchufismo».
En cualquier caso, el trabajo es muy revelador de cómo ha trabajado una de las empresas públicas más inversoras del Gobierno andaluz. Sólo un detalle: el Presupuesto de 2005 era de casi 135 millones, mientras que en 2009 superaba los 725.

La Cámara de Cuentas detalla que la Agencia del Agua encomienda las obras a Egmasa –y en menor medida a Giasa, otra empresa pública–. El problema viene en que los datos que aportan no se corresponden con los de Egmasa: «De los 138 contratos incluidos en la relación de Egmasa, tan solo se han podido identificar 36 en los facilitados por la Agencia». Abunda en este dato: «Sobre una población de 138 obras, han sido fiscalizados 15 expedientes por importe de 60 millones de euros. Sólo tres se han podido identificar en la relación enviada por la Agencia».

La otra parte es cómo luego Egmasa adjudica a su vez esas obras, ya que actúa «exclusivamente a título de intermediario del promotor». El órgano fiscalizador apunta que el proceso elegido para la adjudicación «se considera complejo y tiene como principal consecuencia una dilación en la tramitación de los contratos», lo cual «conlleva retrasos en la terminación de las obras que constituyen el objeto de los contratos y, por ende, en el inicio de la prestación del servicio público».

Pero hay más. Como intermediario de la operación, «Egmasa factura a la Agencia unos gastos generales correspondiente al 3,5 por ciento del importe de la ejecución de cada obra. Este porcentaje se eleva al 6 para las actuaciones declaradas de emergencia».

Es decir, el dinero –fundamentalmente fondos europeos– llega a la Agencia. Este ente no saca las obras a concurso público, sino que se lo encomienda a un tercero, Egmasa. Es éste organismo el que licita y luego le exige un porcentaje a la Agencia. El informe no aclara a qué se dedican luego esas cantidades.

Sí indica que esta forma de trabajar no ha agilizado los procesos: «El plazo para la ejecución de los encargos ha sido incumplido en todos los expedientes fiscalizados», concluye.
La Cámara señala que Egmasa modificó «los procedimientos de contratación con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público».