ANÁLISIS: Cuenta atrás para Marruecos

La primera premisa, cronológica y políticamente, afecta a las fronteras. La política exterior actual hacia Marruecos está determinada por los acuerdos de Madrid de 14 de noviembre de 1975 impulsados en España por los sectores que hicieron pasar sus intereses particulares por el interés nacional. Esos acuerdos pretendían que España abandonara su responsabilidad como potencia administradora del Sáhara Occidental facilitando su anexión a Marruecos y Mauritania alterando las fronteras sin respetar la legalidad internacional. Esos acuerdos, firmados por tres gobiernos no democráticos (España, Marruecos y Mauritania) pretendieron dar al conflicto del Sáhara Occidental una salida no democrática, e ilegal, impidiendo el referéndum de autodeterminación de la población del Sáhara Occidental. A cambio de facilitar la anexión marroquí, supuestamente, el territorio español quedaría salvaguardado.

La segunda premisa es económica. La política de los gobiernos españoles se ha dirigido, desde entonces, a facilitar las inversiones en Marruecos. Es la teoría del llamado «colchón de intereses». Según la misma, el establecimiento de inversiones españolas en Marruecos crearía una red de «intereses» que servirían para «amortiguar las tensiones» y, supuestamente, producir grandes beneficios mutuos.

La tercera premisa ha sido la social. Se basa en la presunción de que Marruecos puede «controlar» la emigración que llega hacia España por el sur. Esta tesis se formalizó en el Acuerdo del 17 de marzo de 1992 relativo a la «readmisión de extranjeros entrados ilegalmente». En paralelo se ha llegado a fomentar la emigración marroquí hacia España.
La cuarta premisa ha sido la securitaria. De acuerdo con la misma, la «colaboración» marroquí sería muy «útil» para combatir el narcotráfico y la «amenaza terrorista» de signo «yihadista».

Estas cuatro premisas quedaron englobadas el 4 de julio de 1991 con la firma del tratado hispano-marroquí de «amistad, cooperación y buena vecindad». Pero a día de hoy las premisas y el tratado que las engloba, a mi juicio, han quedado invalidados por los hechos.

La premisa política se basó en una consideración equivocada: se pensaba, ignorando la historia (la de la Alemania hitleriana, sin ir más lejos) que facilitando la anexión sobre un territorio débil se satisfaría el apetito expansionista. Se aceptó así la tesis «entrega del Sáhara Occidental a cambio de seguridades en Ceuta y Melilla». Pero la realidad, como no podía ser menos, es la contraria: «la seguridad de las fronteras españolas en Ceuta y Melilla está en la seguridad de la frontera del Sáhara Occidental». Porque si la violación de una frontera no se sanciona, no se ve razón para disuadir de violar otra. Añádase el rechazo de Marruecos a firmar un acuerdo con España sobre sus fronteras marítimas y póngase como guinda que, cuanto más complaciente ha sido un gobierno español hacia los propósitos anexionistas marroquíes del Sáhara Occidental mayores han sido las agresiones a la integridad territorial española. Ejemplo: ha sido durante la presidencia de Rodríguez Zapatero cuando Marruecos ha ocupado parte del territorio terrestre y marítimo de Melilla.

La premisa económica derivó en lo contrario a lo pretendido. Las mayores inversiones españolas en Marruecos (Telefónica, Dragados, Sol Meliá) han sido un fiasco. Otras se han hecho allí a costa del empleo y de las posibilidades económicas de España, algo que se siente en el momento actual de crisis en España. Para colmo, los documentos filtrados del Departamento de Estado muestran no sólo el grado de corrupción en Marruecos, sino además la inseguridad de las inversiones, según confesión atribuida al embajador español Planas.

La premisa social tampoco resultó como se decía. Marruecos, incumpliendo el tratado que firmó, decidió negarse a repatriar los nacionales de terceros Estados que llegaban ilegalmente a España desde Marruecos utilizando argumentos tan asombrosos como el de que una patera que llegaba a Algeciras no estaba demostrado que hubiera salido de Marruecos.

Por último, en cuanto a la premisa securitaria, el tráfico de droga no ha cesado y hasta los documentos filtrados del Departamento de Estado aluden a que gran parte de la riqueza de la capital económica del país (Casablanca) proviene del narcotráfico y del lavado de dinero.

Marruecos sigue siendo el primer productor mundial de hachís. En cuanto al terrorismo islamista, Marruecos ha dado coberturas a terroristas islamistas que atacaban a su vecina Argelia, mientras Marruecos desarrollaba el virus en su interior y al mismo tiempo lanzaba falsas acusaciones sobre supuestas vinculaciones terroristas «yihadistas» con los saharauis que han llegado a ser desmentidas no ya sólo en la documentación secreta norteamericana recientemente filtrada, sino incluso de forma pública y oficial por el máximo responsable de Contraterrorismo del Departamento de Estado norteamericano.

El corolario de todo esto es que Marruecos ha incumplido sus compromisos contraídos en el tratado de «amistad, cooperación y buena vecindad» de 1991 que incluyen el respeto a la «integridad territorial» de España y el respeto a «los derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión». No de otro modo hay que entender que Marruecos se refiera oficialmente a territorios españoles como «ocupados» y mate, torture y expulse a ciudadanos españoles.

Las premisas de las relaciones hispano-marroquíes en los últimos 35 años o eran falsas o han quedado invalidadas. Marruecos lo sabe y, lo que es peor para ellos, en España empieza a saberse. A Marruecos se le acaba el tiempo para seguir lucrándose de este modelo de relaciones que cambiará cuando España proceda a la reevaluación de las mismas. Y si eso ocurre habrá que empezar por el principio: denunciando los Acuerdos ilegales de Madrid de 14 de noviembre de 1975. Entendiéndose respetando la ley.