Registrado el recurso de CSI-F contra el ajuste de la Junta

Sevilla- Lo anunciaron y lo han hecho. El sindicato CSI-F Andalucía interpuso ayer un recurso «contencioso administrativo especial de protección jurisdiccional de los derechos
fundamentales de la persona», contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 22 de mayo de 2012, «por el que se aprueba el Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-14», es decir, el ajuste presupuestario que incluye un recorte de 747 millones en las nóminas de los empleados públicos.

¿El destinatario? La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Málaga. En el recurso, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se explica que CSI-F conoció el acuerdo impugnado «a través de la publicación del Decreto Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero» de las cuentas del Ejecutivo autonómico, publicado en el BOJA el 22 de junio.

Se especifica, asimismo, que éste ratifica «otro acuerdo adoptado en fecha 15 de mayo de 2012 por el Gobierno de la Junta de Andalucía, sin contar con la participación de CSI-F», por lo que, a juicio de la central sindical, «se incumple unilateralmente, por parte de la Administración, la obligación de realizar la preceptiva negociación colectiva con los sindicatos más representativos del ámbito afectado».

En el documento judicial se argumenta que el acuerdo del Ejecutivo andaluz podría vulnerar los artículos 9.2, 14, 24 y 28 de la Constitución española. En lo que respecta al 24 en concreto, los servicios jurídicos del sindicato señalan que las reducciones salariales incluidas en el documento de la Junta para sus empleados públicos están previstas para 2013, sin embargo, «y en una vulneración descarada del principio de prohibición de irretroactividad de las leyes, la resolución recurrida prevé su aplicación para todo el año 2012». «Esto es –explican– de enero a diciembre, que no de junio a diciembre, como en todo caso podría haberse realizado», dado que el acuerdo se adoptó el 2 de mayo. En su texto apuntan también una posible violación del artículo 14 de la carta magna, relativo a la igualdad, al «haber volcado» el Gobierno andaluz «todo el peso de la situación económica en un colectivo».