El frente laboral contra la reordenación del sector público se endurece

La primera llamada de atención contundente fue la protesta en el Pleno parlamentario del 16 de septiembre. El domingo consiguieron poner el debate en el tablero nacional con la pitada al vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, durante el acto de reinauguración de la Plaza de España de Sevilla. Y ahora, la plataforma Agua Pública, que surgió entre los trabajadores de Jaén, integrados tras la transferencia del Guadalquivir en la Agencia Andaluza del Agua –creada en 2005– comienza a aglutinar las voces de todos los afectados por el decreto de reordenación, que supone la eliminación de 111 empresas públicas y la creación de macroagencias que absorben bajo un mismo convenio a entes instrumentales. De forma paralela a las protestas –ayer unos 80 empleados públicos iniciaron un encierro de cuatro días en la Consejería de Agricultura–, se refuerza la ofensiva judicial. Además de los recursos ante el TSJA y las demandas a los defensores del pueblo andaluz y nacional, el presidente del PP-A, Javier Arenas, confirmó ayer que su partido recurrirá ante el Constitucional antes del día 28.

A menos que la Junta acceda a derogar el decreto, los actos de protesta seguirán, manifestó ayer a LA RAZÓN la portavoz de Agua Pública, Esther Rodríguez. El uno de enero de 2011 la reordenación debe estar en marcha.

Denuncian que el colectivo de afectados asciende a 15.000, sumando los opositores. Directamente tocados por el decreto hay más de 3.500 empleados públicos (funcionarios de carrera o interinos; y personal laboral fijo, indefinido o eventual) que alzan la voz contra la equiparación a personal que no ha accedido al puesto por los principios de «mérito, capacidad, igualdad y publicidad».