El Gobierno de Pakistán acorralado

ISLAMABAD- El Gobierno paquistaní está presionado por dos frentes y su supervivencia se tambalea. Por un lado, el Ejecutivo tiene en contra al Ejército, después de que se destapara hace unos meses el escándalo «memogate», y por otro, al Tribunal Supremo, que el próximo lunes emitirá su veredicto sobre el NRO (la Ordenanza de Reconciliación Nacional, en sus siglas en inglés) que fue aprobada por el ex general Musharraf en 2007.

La tensión entre el poder civil y el Ejército ha llegado al punto de su máxima potencia, y se puede hablar de guerra abierta entre la cúpula militar y el presidente Asif Zardari y su primer ministro Yusef Raza Gilani. Las «inapropiadas» declaraciones del jefe del Gobierno a un diario chino, en el que acusó al general Ashfaq Pervez Kayani y al director de los servicios secretos paquistaníes (ISI), de violar la Constitución al presentar sus informes en el caso «memogate», sin obtener la previa aprobación del Gobierno para hacerlo, han irritado en exceso.

La entrevista se publicó el pasado martes, cuando el general Kayani estaba de visita oficial en Pekín. La indignación del jefe de las Fuerzas Armadas fue mayúscula y ordenó a su vuelta una reunión con la cúpula militar. Si las declaraciones de Gilani no fueron suficientes, además destituyó de su cargo al secretario del Ministerio de Defensa, el teniente general retirado Naim Jalid Lodhi, cercano a los círculos militares.

Esto provocó la condena inmediata de los mandos militares que advirtieron de «consecuencias graves» por sus críticas. Las amenazas del Ejército al jefe del Gobierno han hecho reaparecer los fantasmas de un golpe de Estado. Si bien los medios locales e internacionales han alimentado las especulaciones de golpe militar, analistas y diplomáticos occidentales sugieren que «ahora no es el momento para que el Ejército tome el poder».

La dimisión de Zardari o del primer ministro podría estar en manos del Tribunal Supremo si el próximo lunes decide inhabilitar al presidente y al jefe del Ejecutivo por haberse negado a cooperar con el poder judicial en la investigación de los casos de corrupción que penden sobre Zardari.

En 2009 se declaró inconstitucional la Ordenanza de Reconciliación Nacional promulgada por Musharraf que permitió la vuelta de la ex primera ministra Benazir Bhutto y su viudo sin tener que enfrentarse a la Justicia por los casos judiciales abiertos. Pero con la suspensión de la Ordenanza, el presidente ha perdido la inmunidad y los casos por corrupción contra él siguen bajo investigación. Este lunes, el Tribunal Supremo podría pedir la inhabilitación de Zardari y su primer ministro por haberse opuesto a las investigaciones judiciales.

Democracia, laúnica medicina
En una actuación claramente forzada, el primer ministro Yusef Raza Gilani expresó ayer su apoyo total a democracia como la «única opción viable» para Pakistán y descartó necesitar ayuda extranjera para poner fin a la creciente tensión entre Ejecutivo y Fuerzas Armadas, que gozan de un inmenso poder en este país.