España

Los presupuestos implantan un contrato lácteo obligatorio para paliar la crisis de precios

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un Real Decreto que desarrolla el denominado 'paquete lácteo', con medidas como la implantación de un contrato obligatorio entre productores e industrias en las transacciones realizadas en el sector.

Con esta regulación, todas las ventas de leche cruda estarán sujetas a un contrato escrito firmado por adelantado en el que se incluirán, entre otros elementos, el volumen contratado y el precio a pagar.

En los contratos en los que el vendedor sea el propio ganadero se exigirá la duración mínima de un año, salvo que el propio ganadero rechace esta prerrogativa, en cuyo caso, la duración será la que libremente pacten las partes implicadas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría ha destacado la "importancia"de las medidas que contiene este Real Decreto, con el que "se busca mayor equilibrio entre productores y distribuidores en el mercado lácteo". Sáenz de Santamaría destacó que España se convierte en uno de los primeros países en transponer la regulación comunitaria sobre este sector.

El Gobierno considera que, mediante las nuevas disposiciones aprobadas, se mejora la situación del sector productor de leche, "particularmente débil por su estructura productiva atomizada y el carácter perecedero del producto".

Según destaca, esta nueva norma dota a los productores de herramientas para equilibrar su posición negociadora, de forma que se garantice una mayor transparencia y confianza para toda la cadena de producción de leche cruda, desde el productor al consumidor final.
Además del contrato obligatorio, el Real Decreto fija las funciones otorgadas a las organizaciones de productores en el sector lácteo y las finalidades de la Organización Interprofesional Láctea, al tiempo que recoge la creación de una base de datos con la información correspondiente al contenido mínimo exigible de los contratos que se suscriban.


Con el objetivo de equilibrar la cadena de valor, se autoriza a las organizaciones de productores para poder negociar de manera colectiva en nombre de sus asociados los términos de los contratos, incluido el precio.

"Supone un importante avance para mejorar la posición negociadora de los productores en la cadena de valor, que podrán concentrar la oferta de su producción y negociar conjuntamente con el siguiente eslabón de la cadena", señala el Gobierno.