La Fiscalía pide que la Audiencia investigue los incidentes del 15-M en el Parlamento de Cataluña

En un escrito remitido este lunes, la fiscal Teresa Sandoval reclama a la Fiscalía Provincial de Barcelona que remita a este tribunal las diligencias que abrió para investigar estos hechos, al considerar que le corresponde la competencia porque podrían ser constitutivos de un delito contra los Altos Organismos de la Nación, castigado con entre tres y cinco años de cárcel.

De la misma forma, pide al juez que rechace la querella sobre estos hechos que presentó el sindicato Manos Limpias porque, a su entender, pretende establecer "una inquisición general"contra todas las actividades presuntamente delictivas que habrían cometido los integrantes de este colectivo.

Tras recordar que el Código Penal de 1995 incluye los ataques que sufran los parlamentarios regionales en "los delitos contra las instituciones del Estado", el Ministerio Público detalla que antes de iniciarse la sesión plenaria, en la que se aprobaron los recortes presupuestarios aprobados por el Gobierno catalán, se produjeron "actos de fuerza, intimidación o amenaza contra los miembros de la Cámara legislativa autonómica dirigidos a impedir la asistencia a sus sesiones y a entorpecer su labor".

La fiscal Sandoval entiende que la competencia de la Audiencia Nacional es "evidente"para estos hechos sin que la investigación deba extenderse a "los restantes incidentes --atentados, resistencia y desobediencia-- que motivaron la incoación de varios atestados por los Mossos d'Esquadra y que ya están siendo objeto de investigación ante los Juzgados de Instrucción competentes de Barcelona".

Algunos diputados autonómicos fueron objeto de insultos, abucheos y empujones cuando intentaban acceder a la Cámara a través del Parque de la Ciudadela de Barcelona, mientras que otros, como el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlamento, Núria de Gispert, fueron trasladados en helicóptero.

El Ministerio Público ha presentado este escrito para pedir que se rechace la querella que el sindicato Manos Limpias presentó en junio pasado contra "los responsables del denominado movimiento 15-M/Indignados", a los que imputaban los delitos de sedición, coacciones, amenazas y contra las instituciones del Estado.

También reclama al juez Velasco que imponga al sindicato una fianza de 50.000 euros para su personación como acción popular en este procedimiento, al entender que "la inidoneidad y consecuente rechazo de una parte sustancial de sus pretensiones acredita un cierto abuso de derecho y la intención de soslayar la aplicación de las normas legales reguladoras de la competencia de los órganos judiciales". A su juicio, las actuaciones de Manos Limpias son "difícilmente compatibles con el legítimo interés de que se imparta justicia".

Al pedir que se investiguen en un mismo procedimiento otros incidentes que se produjeron en Madrid, Valencia, Getafe o Alcalá de Henares, la Fiscalía considera que la pretensión de los querellantes "quiebra las más elementales reglas del proceso penal y aboca inevitablemente a una inquisición general prohibida en nuestra Constitución, y particularmente proscrita por la doctrina constitucional".

"La iniciativa del querellante no deja de tener un cierto carácter fraudulento al pretender una investigación general de todos ellos (los incidentes) prescindiendo de las normas de orden público reguladoras de la competencia como presupuesto habilitante de la actuación jurisdiccional", concluye el escrito fiscal.