Los sindicatos exigen al Gobierno que se dé prisa para frenar en seco los desahucios

VALLADOLID- Una convocatoria urgente del Consejo de Ministros y un decreto ley para frenar en seco los desahucios que se están produciendo en España cada día y que está produciendo un gran número de dramas personales, algunos con fatídicas consecuencias. Es lo que reclaman los secretarios generales de CC OO y de UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez para evitar que miles de familias, afectadas por la crisis, se queden en la calle.

Para Toxo, las medidas que se están adoptando en las últimas horas «llegan tarde», por lo que ha reclamado que se aplique de manera inmediata una moratoria para aquellos procesos de desahucios que se encuentran en estos momentos en marcha para después se modifique la normativa para que tenga carácter retroactivo.

Toxo indicaba que una de las soluciones puede ser apostar por los «alquileres sociales» mientras se produce la adaptación de esta normativa.

Méndez fue más explícito al indicar que se hace necesario la convocatoria urgente de un Consejo de Ministros cuanto antes para solucionar este problema y acusó al Gobierno de estar reaccionado «a remolque».

Así, manifestó su preocupación ya que en estos momentos son 2,5 millones de personas en España las que no reciben ningún tipo de prestación y ya suman 1,737 millones los hogares donde no existe una persona trabajando. Un hecho, lamentó, que puede hacer que muchas de estas personas se vean imposibilitadas a pagar sus hipotecas. «Ningún Gobierno sensible puede asistir al crecimiento de una pobreza extrema», aseguraba.

Presión social
Toxo también indicó que la presión social contra los desahucios puede dar resultados, como el logrado ya en algunas ocasiones, aunque recordó que hace escasasfechas algunas propuestas realizadas en el Congreso por grupos minoritarios para cambiar la Ley Hipotecaria fueron rechazadas, y espera que ahora sí se tengan en cuenta.

Por otra parte, Caja España-Duero anunciaba ayer que suspende todos los desahucios que afecten a colectivos especialmente vulnerables hasta que entren en vigor las reformas normativas anunciadas.