El fin de la gratuidad de los servicios sociales

BARCELONA- El Ayuntamiento de Tortosa (Tarragona) ha sido el último en anunciar que introducirá el copago en algunos de los servicios sociales que antes eran gratuitos como el de ayuda a domicilio, teleasistencia y transporte adaptado. «Se trata de una medida vigente desde hace algunos meses en muchos municipios como Amposta, Premià, Reus o Valls y consejos comarcales como los cuatro de Terres de l'Ebre que se adopta siguiendo criterios de las asociaciones municipalistas y que se establece de manera progresiva», justifica el Consotorio.

Copago
«Para el Ayuntamiento de Tortosa el coste anual de estas tres prestaciones sociales es de unos 800.000 euros y con el copago para las rentas más altas les permitirá restar unos 180.000 euros de este gasto, que hasta ahora corría a cuenta de las arcas municipales», explican fuentes municipales. El copago de estos servicios, que afectará como mínimo a unos 200 personas mayores o con dependencia, se establece en función de la capacidad económica de los usuarios. Las persona con ingresos inferiores a 663 euros continuarán gozando del servicio gratuito, sin embargo las rentas más altas deberán aportar un máximo de 3,84 euros al día por el transporte adaptado o de 8,10 euros por el autobús.
También el Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona), que atraviesa una difícil situación económica con un déficit de 15 millones de euros y una deuda de 52,7 millones, ha empezado a cobrar desde este mes a los usuarios por determinados servicios sociales, antes gratuitos. Desde principios de año la concejalía de Bienestar y Familia cobra un máximo de 75 euros al mes para las rentas más altas por el uso de cinco días a la semana de transporte adaptado y 80 euros al mes por las Tardes en el Casal, que utilizan unas 175 personas mayores.
«Nuestro objetivo es dar el máximo número de servicios a las personas, pero en momentos de crisis hemos de buscar la manera de funcionar sin renunciar a éstos», explica la concejala de Bienestar, Lluisa Rom. «Había muchos servicios que dábamos gratuitos y para el Ayuntamiento significaba un coste muy elevado», defiende Rom, para quien el copago es una solución para compensar los 240.000 euros que cuesta el transporte adaptado.
Juan Rodríguez Valcárcel, de 85 años, es uno de los usuarios afectados y a partir de ahora tendrá que pagar 90 euros al mes, 45 por el transporte y 45 por las tardes en el Casal. Desde que Juan quedó viudo hace tres años y tras sufrir un accidente con secuelas celebrales con el que perdió movilidad, su familia, que le cuida por las mañanas, decidió que pasara las tardes en el casal municipal en compañía de los otros usuarios. «Lleva cuatro o cinco meses usando estos servicios y está muy contento», explica su hija, Juana.

Dos meses sin cobrar
Un total de 63 empleadas que trabajaban en la empresa BBServeis, contratada por el Ayuntamiento de Tarragona para prestar el servicio de Atención a Domicilio en una zona con exclusión social, llevan dos meses sin cobrar. El Consistorio reconoce que desde septiembre no ha podido pagar a la empresa.