El Gobierno «contacta» con jueces para sacar el «Faisán» de la Audiencia

Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, el Ejecutivo se ha puesto manos a la obra para desactivar, «cueste lo que cueste», la apertura del juicio en la Audiencia Nacional.
Para ello, ha presionado a los integrantes del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que decidan admitir el conflicto de competencias planteado por la Fiscalía y acepten, por tanto, trasladar el «caso Faisán» al juzgado de Irún, donde está ubicado el bar Faisán, escenario de los hechos que se investigan, según confirman a LA RAZÓN fuentes judiciales.
Por eso, fuentes gubernamentales consultadas por este diario dan por descontado ya que la Audiencia Nacional remitirá el caso al País Vasco. De esta manera, el Gobierno evitará un «juicio sumarísimo» al proceso de paz y que, al final, se siente en el banquillo a alguno de sus negociadores durante la tregua de 2006 a algún miembro del Ejecutivo, como les ocurrió en el «caso GAL» al ex ministro del Interior José Barrionuevo y al ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera.
De momento, los negociadores del Ejecutivo durante el proceso de paz (el ex ministro de Administraciones Públicas Javier Moscoso, el presidente del PSE-E, Jesús Eguiguren, y el vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez) han declarado en calidad de testigos ante el juez Ruz. Fuentes judiciales no descartan que puedan volver a ser llamados a testificar mientras dure el proceso. Estas mismas fuentes alertan de que durante el juicio, si tiene lugar en la Audiencia Nacional, se podría citar como testigo al ministro del Interior de la época, en la actualidad candidato socialista a la Presidencia del Ejecutivo, así como al secretario de Estado de Seguridad de 2006, actual titular del Interior.
Desde el teléfono de Antonio Camacho se hicieron llamadas a Victor García Hidalgo, entonces director general de la Policía, procesado por el juez Pablo Ruz por el chivatazo, que en 2006 alertó a la banda terrorista de una operación contra su red de extorsión. En febrero pasado, el magistrado instructor no llamó a Camacho a declarar por considerar su testimonio «irrelevante». Pero otra cosa será durante el juicio, de no trasladarse el caso a Irún, en el que las defensas de los tres procesados pedirán al actual ministro del Interior que arroje luz sobre estas llamadas telefónicas.

«Tema técnico y complejo»
De ahí que el Gobierno haya puesto toda la maquinaria a su servicio para presionar a los componentes del pleno de la Sala de lo Penal. Según fuentes judiciales, es prácticamente seguro que sea, al final, el pleno el órgano que dirima el conflicto de competencias planteado por la Fiscalía, a propuesta, probablemente, de su presidente, Javier Gómez Bermúdez. No obstante, otras fuentes apuntan que será la Sección Tercera quien decida próximo a la apertura del juicio oral.
En cualquiera de las dos situaciones, las fuentes judiciales consultadas por este periódico dan por hecho que el caso se trasladará a Irún. «Se trata de un tema muy técnico y complejo desde el punto de vista jurídico», puntualizan a este diario otras fuentes judiciales. Hay jurisprudencia del Supremo que asegura que el delito de colaboración con banda armada está vinculado irremediablemente a la adhesión ideológica. Por tanto, el caso será remitido a Irún con el argumento de que esta comunión ideológica no existe en la cúpula de Interior de 2006, procesada ahora por colaboración con banda armada.
Previamente, el juez Ruz deberá decidir si rechaza o no el recurso de la defensa, que aprovecha la Fiscalía para plantear el conflicto de competencias. Con toda seguridad, el instructor se ratificará en su auto y, por tanto, el caso pasará a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Según fuentes cercanas al caso, será en este momento cuando Gómez Bermúdez reclame que pase a pleno. No obstante, otras fuentes apuestan por que la Sección Segunda resuelva en contra y, por tanto, sea la Sección Tercera, presidida por Alfonso Guevara, la que resuelva a favor de dar carpetazo al «caso Faisán» en la Audiencia.
Si, al final, se remite a Irún, el Ejecutivo confía en que los tres procesados sean acusados de un delito de revelación de secretos oficiales y, por ende, no cumplan condena alguna de cárcel. De esta manera, se dará por liquidado a un largo proceso abierto en su día por el juez Baltasar Garzón y que ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza para Rubalcaba y un escollo,por momentos insalvable, en su carrera hacia La Moncloa.

«Hola. Es mi primera vez»
La idea era que el candidato a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondiera a las preguntas de los internautas a través de Twitter. «Hola. Es mi primera vez... RbCb», se presentó el líder socialista. Sin embargo, Rubalcaba acudió ayer a la zona de su partido dedicada a las redes sociales, Espacio 2.0, donde respondió a una colaboradora encargada de seleccionar los «tuits». Fácil imaginar que entre las cuestiones planteadas el «caso Faisán» no apareciera. El candidato propuso crear un contrato de trabajo–aprendizaje para jóvenes sin empleo, formación secundaria o cualificación profesional, apostó por modificar el sistema electoral por uno «en el que haya más cercanía entre elegidos y electores», afirmó que se debe escuchar al movimiento 15–M, insistió en crear un impuesto para bancos y priorizó el medio ambiente en su campaña electoral, informa A.G. Mateache.