MADRID- Ni la comisión no permanente de seguridad vial del Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía de Seguridad Vial han impedido que se acabe con las órdenes que vienen dictando algunas jefaturas de tráfico por las que exigen a los guardias civiles que no denuncien el mal estado de las carreteras, a pesar de que están al corriente de lo que sucede. Los grupos parlamentarios recibieron en octubre del año pasado un escrito de denuncia del guardia civil de Tráfico Juan Carlos Toribio Ramos, en el que pedía a los parlamentarios que actuasen para que se ejerciera algún tipo de control sobre este tipo de órdenes que afectaban a la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, la iniciativa de este agente, expedientado en numerosas ocasiones por sus superiores después de denunciar a la Administración más de 200 veces por anomalías en la conservación y mantenimiento de las carreteras y actualmente de baja laboral, no ha tenido respuesta de los grupos políticos.

Toribio relataba en su escrito que «como guardia civil se me ha prohibido de forma reiterada y dentro del ejercicio de mi profesión formular denuncias por las ilegalidades e incumplimientos del Reglamento General de Circulación relacionadas con el estado de conservación de la red de carreteras, situaciones que ponen en muchas ocasiones en peligro la seguridad de circulación de los ciudadanos».

El agente solicitaba a los grupos parlamentarios que actuasen para que se rectifique el protocolo establecido en las normas de régimen interior de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que impide denunciar a la Administración por las infracciones sobre el estado y conservación de las carreteras.

La Fiscalía de Seguridad Vial hizo un amago, hace dos años, de intentar perseguir a los funcionarios de la Administración responsables de las deficiencias que puedan presentar las vías, pero su intentona ha quedado diluida, ya que actualmente no se conoce que ningún técnico o funcionario esté en prisión por una mala señalización o por su la inexistencia de ella, aunque eso hubiese provocado un siniestro.

La cuestión se abordó en enero de 2009 en León, en una reunión de fiscales de seguridad vial en la que se propusieron sanciones penales por «comisión por omisión» para los funcionarios públicos por «incumplir gravemente» sus deberes en la construcción, mantenimiento y señalización de carreteras, un colectivo que hasta ahora nunca había sido condenado en España por este delito. Más tarde, en marzo de 2010, los fiscales volvieron a «refrescar» la iniciativa en otras jornadas celebradas en Santiago de Compostela. Conversaron sobre la responsabilidad de los funcionarios por las deficiencias en las infraestructuras: badenes, resaltos y bandas transversales. Entonces se habló de establecer como criterio la necesidad de contar con pruebas periciales técnicas sobre el estado de la vía que llevaran a cabo peritos independientes no vinculados a la Administración. A día de hoy no hay avances en este terreno. Ejemplo de las consecuencias fatales que ha tenido la omisión a la hora de actuar de la Administración ha sido el caso del Km 422 de la N-II, donde había un cambio de rasante mal señalizado que provocaba colisiones frontales todos los años. Pasó tiempo sin que se corrigiera esta deficiencia que, afortunadamente, ya está subsanada.

Otro punto conflictivo denunciado en reiteradas ocasiones por los agente ha sido el de la A-385 que comunica Granada con Sierra Nevada. Las malas condiciones de la vía en mantenimiento y señalización ya han provocado algunas tragedias.

El personaje
Bartolomé Vargas. Fiscal coordinador de Seguridad Vial
En 2009 propuso sanciones penales para los funcionarios que incumplieran sus deberes en el mantenimiento de las vías. A día de hoy no se conoce que haya ningún técnico sancionado.

N-211, en vía muerta
El estado de la N-211 fue denunciado por agentes de la Guardia Civil ante el grave riesgo que presentaba para la circulación. La imagen muestra el corte de la calzada por los obstáculos que se pueden encontrar en ella entre los kilómetros 292 y 600. Así estaba en enero de 2010.