El experto Golpe de Estado

La razón es evidente. Podemos constatar que la política desarrollada ha estado más centrada en regular y controlar «el poder del Poder Judicial», que en abordar una reforma global que modernizara los arcaicos resortes del funcionamiento de la Justicia y dotara al Poder Judicial de la infraestructura precisa para un adecuado nivel de eficiencia. Las medidas de agilización procesal debatidas en las Cortes son, por tanto, un intento meritorio de aligerar la actuación judicial. Es evidente que el anteproyecto presentado por el Ministerio de Justicia era claramente insuficiente, pues prestaba atención al Tribunal Supremo y a los tribunales de apelación y olvidaba a los juzgados de primera instancia, que soportan un mayor nivel de colapso. De otro lado, contemplaba el Derecho Civil y Administrativo, pero olvidaba el inadmisible estado de la justicia penal. En esta situación, resulta lógico que los jueces y magistrados reclamáramos reformas que (sin comprometer gasto público) supondrán una valiosa aportación de mejora. Es igualmente racional que el CGPJ se haya hecho eco de esta consideración y haya trasladado a las Cortes el complemento de ideas que no acertó a vislumbrar el Proyecto de Ley. Y en esta dinámica de responsabilidad, la consideración del fiscal general del Estado –dependiente del Ministerio– de que la iniciativa constituye un «golpe de Estado», no sólo supone una desmesura para calificar unas sugerencias juiciosas, sino que indica que hay algunos que siguen empeñados en controlar «el poder del Poder Judicial», más que en colaborar por su eficiencia.