Arenas sobre los talleres de empleo: «Han dilapidado el dinero sin control»

Sevilla- La Consejería de Empleo ha gastado desde 2004 –año en el que el Gobierno central traspasó a Andalucía las competencias sobre políticas activas de empleo– 1.079 millones de euros en el Programa de Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficios. El dinero servía para financiar los gastos de personal directivo y docente, medios didácticos, becas y costes salariales derivados de las contrataciones, según consta en la propia página web de la Consejería de Empleo. Sin embargo, como viene denunciando LA RAZÓN desde el lunes, el control sobre el destino final de estas cantidades no ha sido muy exhaustivo. Eso es lo que se desprende de las resoluciones firmadas en 2007 y 2008 por el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el ex delegado provincial de la Consejería en Sevilla, Antonio Rivas, por las que se exoneraba «de la obligación de justificación en tiempo y forma de las subvenciones concedidas con anterioridad» a esa fecha a distintos ayuntamientos y asociaciones que impartían las acciones formativas.

Ante esta situación, el presidente del PP-A, Javier Arenas, acusó al Gobierno andaluz de «dilapidar sin control estos fondos» y se lamentó porque «es imposible encontrar algo sano en la Consejería de Empleo de las Junta».

El líder popular se refería así a los distintos frentes abiertos que afectan al departamento que dirige actualmente Manuel Recio. El juzgado de Instrucción 6 de Sevilla investiga las ayudas a empresas en crisis y a expedientes de regulación de empleo que se dieron entre 2001 y 2010 por «prescindir de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido». También en la justicia está el presunto fraude con los fondos europeos a las ayudas a la contratación indefinida y el de los discapacitados.

Arenas, que participó en Sevilla en un acto de la asociación «Mujeres en Igualdad» que preside Mercedes de la Merced, manifestó que los mil de millones de euros destinados a los talleres de empleo «son unos fondos que deberían ir a paliar la situación de las desempleadas andaluzas pero que se han usado de manera fraudulenta».

La gestión de los talleres de empleo ha estado salpicada de sombras desde su comienzo. Tanto PP como IU han denunciado en varias ocasiones la tardanza de la Junta en transferir los fondos para pagar a los ayuntamientos y a los profesores. Con la crisis, estas inversiones se han ralentizado y el personal adscrito a estos programas está teniendo problemas de cobro regularmente. Es el caso de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir. El diputado de IU Ignacio García ha presentado una pregunta parlamentaria para que desde la Consejería se aclare la situación de esta deuda que afecta a gran parte de los 450 trabajadores de este ente.