Pensiones de urgencia

El Gobierno fijó el 28 de enero como fecha tope para presentar su proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones. Con ese límite obligó al Pacto de Toledo a acelerar sus trabajos para contar en plazo con un documento sobre sus recomendaciones. Los grupos se quejaron de un «procedimiento de vértigo» forzado por las urgencias de un Ejecutivo apremiado por nuestros socios europeos y por la necesidad de calmar a los mercados. Y tienen razón. Las prisas del Gobierno han condicionado los trabajos y han dificultado un consenso, que finalmente no se ha dado por primera vez. La Comisión del Pacto aprobó ayer sus propuestas para la reforma del sistema de pensiones con el aval del PP, aunque sin unanimidad por el rechazo de los grupos minoritarios de la izquierda IU-ICV-ERC y BNG. El documento, sin embargo, plasma también las desavenencias de fondo planteadas por los populares en asuntos fundamentales como la edad de jubilación. El texto tampoco cifra el periodo de cálculo de la pensión, aunque se entiende que debe ser ampliado, y rechaza la congelación de las pensiones del próximo año, con la exigencia al Ejecutivo de que no vuelva a aprobar una medida similar «sin la consulta y el debate» previo del Pacto de Toledo.

El texto peca, por tanto, de una ambigüedad medida que dará al Gobierno un margen de maniobra para actuar en los aspectos más polémicos, lo que acentuó el escepticismo de los grupos sobre cómo se plasmarán las recomendaciones en el proyecto de ley. Estas dudas parecen más que justificadas porque el propio Rodríguez Zapatero ya anunció hace unos días que sacaría adelante la jubilación a los 67 años de forma progresiva y con «factores de flexibilidad razonables», aunque no existiera consenso. La impresión generalizada es que el Ejecutivo tiene su propuesta ya elaborada, con las directrices más o menos conocidas –jubilación a los 67 años y periodo de cálculo de 20 o 25 años– y que los postulados del Pacto de Toledo serán abordados casi como un trámite que cumplir. Otra prueba de cómo los socialistas son arrastrados por los acontecimientos y de que sus políticas son un mix de improvisaciones y urgencias, lo que ni genera confianza ni tampoco estabilidad.

España necesita cambios en su sistema de pensiones. El actual es insostenible. Una fórmula de reparto como la nuestra, sumada a una estructura demográfica condicionada por el envejecimiento acelerado de la población, depara una ecuación imposible y nos aboca a un colapso irremediable. Esa emergencia demanda altura de miras de los grupos políticos y perspectiva para legislar con la vista puesta en la sostenibilidad del sistema para futuras generaciones. Por eso, el consenso ha resultado siempre imprescindible por encima de coyunturas y estrategias partidistas. Que Zapatero haya dejado transcurrir el tiempo para afrontar a contrarreloj un debate de tanta trascendencia ha sido una irresponsabilidad más. Que contemple sacar adelante la reforma sin el principal partido de la oposición será otro grave error. La impresión es que las prisas pueden llevar a la precipitación y ésta a los errores. Las pensiones no admiten parches, sino intervenciones con rigor y alcance. Y eso es lo que cabe exigir al Gobierno y a la oposición.