La Generalitat cuestiona la legitimidad de la Defensora y llama a la insumisión

BARCELONA- El recurso de la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, contra la ley de acogida de los inmigrantes de Cataluña va camino de convertirse en un rosario mayor que el del Estatut. De momento, en Cataluña la tensión va en aumento día a día y tanto el Gobierno como CiU han cerrado filas en defensa de la norma de acogida, que da preferencia al catalán en la formación de los inmigrantes. Si el pasado martes el secretario general de inmigración del Ejecutivo catalán, Oriol Amorós, anunció que la Generalitat aplicará esta norma «diga lo que diga el Constitucional», ayer fue el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, quien cuestionó que la Defensora del Pueblo en funciones y un Tribunal Constitucional (TC) «provisional» interfieran en el desarrollo de esta ley.

La Generalitat considera que la situación de inestabilidad del TC y del Defensor del Pueblo deslegitiman a estos organismos para dirimir sobre el autogobierno catalán y, por este motivo, pretende que una vez escogido el sustituto de Enrique Múgica como Defensor del Pueblo, este organismo se replantee el recurso. Nadal explicó las intenciones del Ejecutivo catalán durante su visita a la Universidad Catalana de Verano que se celebra en Prada (Francia). Allí también se encontraba el consejero de Innovación, Josep Huguet, que un día después de haber llamado «falangista» a Múgica no se desdijo de sus palabras, sino que echó más leña al fuego llamando a la «insumisión» jurídica de la Generalitat. Para Huguet, es la única vía para que la convivencia entre España y Cataluña «no se rompa» tras el recurso contra una ley aprobada en el Parlamento catalán. En la misma línea se expresó el secretario general adjunto de Convergència, Felip Puig. El nacionalista se mostró convencido de que la decisión del Defensor del Pueblo implica un «final de etapa» en las relaciones entre Cataluña y España. Ante el alud de críticas, sólo el PP exhibió su apoyo a Cava de Llano. Es más, el diputado popular en el Parlamento catalán Josep Llobet exigió la dimisión del titular de Innovación, Universidades y Empresa por sus ataques a Múgica y por su «irresponsable» llamamiento a la insumisión.

Ajena al guirigay político en Cataluña, la Defensora del Pueblo en funciones se ratificó en una decisión hecha por «coherencia» con la sentencia del TC sobre el Estatut. Cava de Llano recordó que la sentencia del Alto Tribunal precisa que el hecho de que el catalán sea la lengua propia de Cataluña no justifica su uso preferente frente al castellano. La Defensora del Pueblo lamentó las «desafortunadas» críticas del Gobierno catalán y recordó que «las sentencias deben ser acatadas», convencida de que los inmigrantes podrán integrarse en Cataluña sin hablar catalán.

Los sindicatos, a la contra
Pese a las justificaciones de la Defensora del Pueblo, no parece que las aguas vayan a calmarse en Cataluña. Hasta los sindicatos mostraron su rechazo al recurso. Éste es el caso de CC OO, que afirmó que priorizar el aprendizaje del catalán para expedir los certificados de arraigo fomenta la «igualdad».

Otras leyes en la cuerda floja
- La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) asegura que el uso del catalán no debe ser «preferente» en Cataluña. Esta premisa abre las puertas a recurrir numerosas normativas, como ha ocurrido con la ley de acogida de las personas inmigrantes y retornadas.
- Una de las leyes que peligran es la Ley de Educación catalana, que consagra la inmersión lingüística y no blinda la tercera hora de castellano. La sentencia da el visto bueno a la inmersión, pero pide «idénticos derechos» para ambas lenguas en las aulas catalanas.
- La ley del código de consumo nunca ha estado exenta de polémica. Las sanciones a los establecimientos que no estén rotulados, como mínimo, en catalán, así como el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán quedan en peligro después de la sentencia del Constitucional.