El ajuste debe llegar a todos

El nuevo objetivo de déficit del 5,8% del PIB marcado por el Gobierno de Mariano Rajoy para los nuevos Presupuestos Generales del Estado representa un esfuerzo posible en el escenario económico actual, pero reducir otros 12.000 millones de euros más, tras haber recortado ya 8.900, es todavía una meta difícil de alcanzar. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recordó el domingo, en declaraciones en exclusiva a LA RAZÓN, que el propio presidente del Gobierno marcó en su momento una línea roja que dejaba a salvo de cualquier ajuste las pensiones y las prestaciones por desempleo. Pero además de esta línea, Rajoy ha repetido ya su exigencia de que cualquier sacrificio se haga «con justicia, para que los esfuerzos no recaigan sobre los más débiles». En esta misma línea se inscribe la negativa de Hacienda a subir más los impuestos, como el IVA, y recortar prestaciones sociales. Se opta en cambio por implementar reformas en los modelos de gestión de los servicios. La progresividad, en defensa de los más desprotegidos, será la norma que impere, pero el Gobierno tiene ante sí otras posibilidades para equilibrar el presupuesto. Si, con las citadas excepciones, el ajuste debe llegar a todos y nadie puede quedar exento, el equipo de Rajoy tiene ante sí la obligación de poner orden en el capítulo de subvenciones, en su mayor parte otorgadas a dedo por el anterior Ejecutivo socialista. Entre la herencia recibida, como hoy informa LA RAZÓN, destacan los 12.147 millones de euros que el Gobierno del PSOE gastó en subvenciones sólo en 2010. Se trata de un capítulo que afecta a todos los sectores y que abarca desde la promoción exterior de España o la cooperación, el apoyo a los sindicatos y asociaciones empresariales, hasta las insólitas cantidades generosamente derrochadas para beneficiar a grupos muy vinculados al ideario socialista. Hay pues un amplio abanico de opciones donde poder ahorrar y acabar de paso con políticas de inaceptable clientelismo. Tampoco la clase política debe quedar a salvo del esfuerzo que se pide a todos los españoles y no ayuda precisamente a ello el sistema de pensiones privilegiadas del que gozan nuestros diputados. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha cortado el derroche por lo sano, pero se mantienen insultantes privilegios legislados hace años.

El Ejecutivo tiene poco margen y poco tiempo para ajustar el déficit, pero está obligado a hacer las cuentas de forma equilibrada y realista. Los españoles no ignoran la gravedad de la situación, la herencia socialista y el gran esfuerzo que están obligados a realizar. Con todo, el Gobierno tiene el apoyo creciente de los ciudadanos y seguramente lo mantendrá en tanto siga en su trayectoria de decir la verdad, aplicar un plan posible para salir de la crisis y repartir el esfuerzo entre todos.