La Generalitat consuma su desafío lingüístico

Con 117 votos a favor y 17 en contra, la Ley del Cine Catalán fue aprobada ayer en el Parlament de Cataluña. Los votos favorables del tripartito y de CiU hicieron posible que saliera a delante una ley marcada por la polémica. Pese al barniz cultural que se quiso dar a la nueva legislación, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, aseguró en su intervención en el pleno que éste es el momento de «las decisiones valientes para construir el futuro. Hay que tomar actitudes valientes después de la sentencia del Tribunal Constitucional».Precisamente la decisión del TC estuvo planeando durante el debate previo a la votación. En este sentido el consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras, puntualizó que la ley forma parte del «despliegue del Estatut». En ese «despliegue» entran, entre otros aspectos, el propiciado por el muy discutido artículo 18: la obligación de que la mitad de las películas extranjeras que se exhiban en Cataluña estén dobladas o subtituladas en catalán. También se incluye la creación de fondos de fomento a la producción y a la distribución independiente.Tresserras remarcó que la ley cumple todas las recomendaciones del Consejo de Garantías Estatutarias por lo que no es anticonstitucional ni antiestatutaria. El consejero ve en todo esto «un acceso democrático a la cultura» y «una corrección de una anomalía».Pese a las críticas de CiU –tildando al tripartito de «electoralista»– y del PP –que recordó los problemas que puede generar el artículo 18 tras la sentencia del Constitucional–, para la consejería la ley era una prioridad. Puigcercós recordó que «vivir en catalán no es fácil y me he llegado a sentir forastero en mi propio país por una situación de indiscriminación». El sector perjudicado, el de los empresarios de las salas de cine, se pronunciará hoy en rueda de prensa sobre la ley.La Ley del Cine fue aprobada justo antes de que el Parlament sacara adelante el Código de Consumo de Cataluña, el cual se inspira en parte en el artículo 34 del Estatut (sobre los derechos lingüísticos de los consumidores), que el TC ha sometido a intepretación en su fallo, lo que levantó críticas por «desacato». El Código fija el derecho a ser atendido en catalán en los comercios.