El Gobierno tiende una trampa a Rajoy y le fuerza a decidir si las pensiones siguen congeladas

MADRID.- El Gabinete de Zapatero deja al nuevo Gobierno que salga de las urnas el 20-N, según todos los sondeos del PP, la patata caliente de decidir si mantiene o no la congelación de las nóminas de los pensionistas y de los funcionarios, consagrada en los Presupuestos Generales del Estado de 2011, que se prorrogarán tras el adelanto electoral. Si opta por revalorizar las nóminas de los ocho millones de pensionistas, el nuevo Gobierno, que se constituirá cercano a las Navidades, deberá elaborar un decreto ley, en el que también incluirá un nuevo cuadro macroeconómico de 2012. Suerte similar correrán las retribuciones de los más de dos millones de empleados públicos.

La decisión que adopte el próximo presidente dependerá del déficit público que herede del actual Gobierno. En principio, el desfase contable tiene que reducirse hasta el 6% del PIB este año. Si se desvía, como fuentes gubernamentales apuntan a este diario, el nuevo Gobierno, en el punto de mira de los mercados, estará abocado a mantener la congelación de las pensiones y de los funcionarios. «Una decisión de este tipo tendrá su inevitable contestación en la calle», puntualizó a LA RAZÓN un dirigente sindical.

Al término del Consejo de Ministros, el portavoz gubernamental, José Blanco, aseguró ayer que el Gobierno que salga de las urnas puede optar por dejar que los Presupuestos se prorroguen automáticamente, tal y como consagra la Constitución en su artículo 134.4. Blanco esgrimió este artículo para considerar «ilegal» que el Gabinete de Zapatero prorrogue las cuentas del Estado vía decreto ley, tal y como demanda el PP. A su juicio, esta figura sólo se puede usar para modificar algunos aspectos de las cuentas prorrogadas. Así lo hace constar la Abogacía del Estado en un informe, solicitado por el presidente Zapatero y fechado el 22 de septiembre, un día después de que se desatara la polémica a costa de esta cuestión en el pleno del Congreso en un cara a cara entre la portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicepresidenta primera, Elena Salgado.

La Abogacía del Estado recuerda que el por entonces presidente Felipe González recurrió al decreto ley no para prorrogar los Presupuestos de 2005, sino para modificar las cuentas prorrogadas con la consiguiente subida del IRPF. En esta ocasión, las elecciones son en noviembre, lo que, según Blanco, da margen de maniobra suficiente al nuevo presidente para introducir sus modificaciones. «Es lógico que el nuevo Gobierno marque su política económica desde un primer instante». El Ejecutivo, sin embargo, no ha aplicado la justificación de Blanco a la hora de resucitar el Impuesto de Patrimonio, que no sólo condicionará la política de ingresos del Estado este año, sino también el próximo en el que ya habrá un nuevo inquilino en La Moncloa.