Justicia pendiente

La más que probable última apertura de Año Judicial bajo la actual administración socialista permite un análisis con perspectiva sobre la evolución de la Justicia en estas dos legislaturas. Inmersos en un debate endémico sobre la modernización de las estructuras y la despolitización del aparato judicial, la realidad es que los gobiernos del PSOE no han mejorado el funcionamiento de la administración de Justicia ni la confianza de los ciudadanos en un sistema cuestionado. Tras ocho años de mandato de la izquierda, la Justicia se ha desgastado en polémicas estériles y en guerras que no eran suyas, mientras se sometía a una instrumentalización política indeseable que la desgastaba. Más allá de la capacidad y la profesionalidad de la mayoría de jueces, fiscales y demás personal que sostienen el edificio judicial, la opinión pública otorga hoy su peor valoración a este Poder del Estado. Una encuesta reciente del Consejo General de la Abogacía Española era concluyente. Nueve de cada diez españoles entienden que es el momento de acometer una «gran reforma de la Justicia», a través de un pacto de Estado. En este último año ese desapego de los ciudadanos ha corrido en paralelo a la desafección hacia los políticos. En buena media porque el principal pero ha sido su politización. También porque algunos gobiernos o instituciones han demostrado un escaso respeto por los tribunales, con actitudes de desobediencia insólitas. La insumisión de la Generalitat frente a los autos sobre la libertad lingüística y los titubeos de los mismos tribunales frente a esa actitud han debilitado una imagen ya mermada. Ello explica que el 76% de los españoles crea hoy que en la práctica la sentencia es papel mojado. En este sentido, las palabras de Carlos Dívar, presidente del Supremo, en la apertura del Año Judicial, en las que aseveró que «las decisiones judiciales deben ser respetadas por las instituciones», no hacen sino poner de manifiesto la anormalidad democrática de ignorar a los tribunales y la complacencia que rige para una determinada clase de políticos. Dos varas de medir suponen agravio y no mejoran la impresión ciudadana.Tampoco lo hace que se perturbe la naturaleza de la organización judicial. El Tribunal Constitucional se ha convertido en un problema por sus pendencias con el Supremo. La legalización de Bildu supuso el cénit de la deslegitimación del TC, decidido a atropellar el espíritu constitucional y a degenerar en tribunal de casación frente al Supremo. Sin duda, el Constitucional, al igual que otros órganos como el Consejo General del Poder Judicial o la propia Fiscalía General del Estado, han sufrido un retroceso en credibilidad por la injerencia creciente de la clase política. La Justicia tiene una catarsis pendiente que debe contemplar desde su modernización y dotación hasta el blindaje de una independencia real y no retórica que acabe con la imagen de los órganos judiciales convertidos en rehenes de la aritmética parlamentaria. El PP tendrá la obligación de promover una reforma, preferiblemente pactada, que permita a la Justicia cumplir con lo que los ciudadanos necesitan y esperan.