Una polémica decisión forjada hace dos años

El origen de la privatización de la gestión del servicio se comenzó a forjar hace dos años. Mientras AEAT firmaba un acuerdo con el Ejército del Aire para que operara sus aeronaves, llegaba a un acuerdo con Inaer en 2008 por el que adjudicaba a la compañía un contrato de servicios de «operación técnica de vuelo, suministro de repuestos, mantenimiento y administración de la flota de helicópteros de Vigilancia Aduanera» a cambio de 12,7 millones de euros. La Agencia Tributaria dispone de siete helicópteros distribuidos en las bases de Algeciras, Almería, Murcia y Vigo. Dicho pacto anticipaba lo que se acaba de materializar. Las tripulaciones podrán ser totalmente civiles. En el caso de los aviones sucede lo mismo. Hasta ahora, el avión era tripulado por un comandante del área 37 del ejército del Aire, que iba acompañado de un funcionario de la Agencia Tributaria. A partir del 1 de octubre la situación cambia radicalmente porque el pliego de condiciones técnicas permitirá a la compañía privada realizar operaciones sin funcionarios a bordo. Todas las salidas de las aeronaves deben estar controladas y dirigidas por el Servicio de Aduanas. El problema surge cuando a bordo no hay ningún funcionario que controle el buen desarrollo de la misión encomendada.