Murcia exige la sanción inmediata a Latbus y a los usuarios que expresen sus quejas

MURCIA- El concejal de Tráfico y Transportes del Ayuntamiento de Murcia, Javier Iniesta, confirmó ayer que el Consistorio murciano «no debe cantidad alguna a Latbus», y que es la Comunidad Autónoma la que tiene potestad para sancionar a la empresa concesionaria del servicio por la subida de las tarifas.
En este sentido, el concejal de Murcia explicó que el Ayuntamiento no firmó el convenio del unibono, sistema que ha quedado suprimido, al tiempo que matizó que éste es exclusivo entre el Gobierno regional y la empresa concesionaria del servicio que afecta a «más de 250.000 ciudadanos». Además, comentó que el Consistorio ha habilitado oficinas municipales de información al consumidor para tramitar las quejas y reclamaciones de los usuarios, aunque insistió que la responsabilidad del incremento del billete no corresponde al Ayuntamiento de Murcia.
Por otra parte, Iniesta resaltó que los servicios de inspección de transporte del Gobierno regional han comenzado a levantar actas para imponer las sanciones correspondientes y que intentará que la situación «vuelva a la normalidad lo antes posible». Y es que, según explicó, esto «supone un grave perjuicio para los ciudadanos de las pedanías que han visto cómo de la noche a la mañana se duplicaba el precio del billete de autobús», tras lo que alertó que el impacto en los universitarios se verá en septiembre, cuando se reanude la actividad.
Asimismo, Iniesta hizo hincapié en que el Ayuntamiento de Murcia no está parado ni va a estarlo, sino que trabajará, de forma conjunta y tanto interna como externamente, tras lo que apuntó que la ordenanza reguladora de transportes es «clara». En esta línea, recordó que el 1 de octubre «comienza la nueva concesionaria en el municipio y cada día se justifica más la idoneidad de haber sacado a concurso este servicio».
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro López, responsabilizó de esta situación a la mala gestión llevada a cabo por la Administración regional y municipal, ante lo que pidió al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que se ponga «a la cabeza de las negociaciones» junto al consejero de Obras Públicas, Antonio Sevilla, y los administradores concursales.