La juez cierra la investigación a Rivas Mellet y Ponce por intento de soborno

SEVILLA- La dimensión que ha alcanzado el «caso Mercasevilla» distrajo la atención de la causa primigenia: el presunto intento de soborno a dos empresarios del Grupo La Raza. Las grabaciones aportadas por Pedro Sánchez Cuerda e Ignacio de Rojas –en las que tres altos cargos de Mercasevilla les exigían 450.000 euros a cambio de una subvención concedida por la Junta para abrir una escuela de hostelería– destaparon un escándalo que sigue creciendo a nivel autonómico. De la investigación abierta por el juzgado de Instrucción número 6 se derivaron otras dos causas sólo en la empresa pública: un posible delito societario y la venta fraudulenta de suelo. Ayer se dio por cerrada la instrucción de la primera; las otras dos continúan su curso.
En una providencia del 16 de febrero, la juez Mercedes Alaya comunicó a las partes el fin de las diligencias y les insta a que en el plazo de cinco días –a partir de la notificación, realizada ayer– formulen por escrito sus conclusiones provisionales. Los cuatro imputados deberán responder por un delito de cohecho, por la presunta petición de comisiones ilegales a cambio de subvenciones. El exdelegado de Empleo Antonio Rivas, el exdirector gerente de Mercasevilla Fernando Mellet, su adjunto Daniel Ponce y la directora de Proyectos de la Fundación Mercasevilla Regla Pereira se sentarán en el banquillo de los acusados ante un jurado popular.
La denuncia se produjo en febrero de 2009, tras aportar los empresarios supuestamente extorsionados tres grabaciones en las que Mellet, Ponce y Pereira les solicitaban comisiones ilegales. La Fiscalía solicitó ampliar las pesquisas a las subvenciones concedidas por parte de la Consejería de Empleo a la empresa pública desde el año 2007. Desde esa fecha, Mercasevilla recibió 1.352.000 euros en ayudas oficiales, la más importante el proyecto de escuela de hostelería cuyo concurso ganó el Grupo La Raza. Tenía un importe de 900.000 euros y fue concedida en diciembre de 2008, aunque no se había abonado cuando los dos empresarios pusieron el caso en conocimiento de la Junta de Andalucía, quien durante unos días ocultó las grabaciones.