El Gobierno suprime casi 60 de sus 98 entes para frenar el déficit

El diseño y posterior aprobación de la Ley para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas provocaba un ajuste de los gastos de la Comunidad. Uno de los aspectos que más atención social han copado y que han suscitado la mayor ferocidad de las críticas fue la ampliación de la jornada laboral y el mínimo descenso de los honorarios de los funcionarios en complementos

La portavoz regional, María Pedro Reverte, en su comparecencia de ayer durante la celebración del Consejo de Gobierno
La portavoz regional, María Pedro Reverte, en su comparecencia de ayer durante la celebración del Consejo de Gobierno

En la vida en general y en la política en particular, resulta muy recomendable aquello de predicar con el ejemplo; y el Gobierno regional lo está haciendo. De esta forma, el plan de ajuste ideado por el Ejecutivo Valcárcel también exigía la supresión de entes públicos para llevar a cabo un adelgazamiento de la administración que se reflejara en un menor gasto público. Este punto no quedaba deambulando en el tiempo, sino que se cerraba en tiempo y forma. En este sentido, la legislación fijaba el mes de febrero como el tope temporal para que el Gobierno regional acometiera la reducción de organismos y es por ello, que los pasos en este terreno comienzan a ofrecer sus primeros frutos.

De esta forma, la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas y a la sazón portavoz regional, María Pedro Reverte, anunció ayer que el Consejo de Gobierno acordó la supresión de 51 entes públicos. La consejera también anunció que el Ejecutivo medita la derogación de otros siete organismos, por lo que el adelgazamiento regional se encontrará lindando con la eliminación de 60 entes. La Comunidad posee 98 organismos públicos de los casi un 60 por ciento se verán afectados por el plan de ajuste para controlar el déficit de la Comunidad. Del conjunto de entes, Reverte explicó que 13 son de la administración general, como los que obedecen a consorcios que tiene el Gobierno con ministerios. Son ejemplos de este punto las sociedades anónimas Murcia Alta Velocidad y Cartagena Alta Velocidad, ambas sustentadas por un acuerdo con el Ministerio de Fomento. Estas administraciones no serán susceptibles de variación por no ser competencia mera y exclusiva del Ejecutivo autonómico. Por tanto, de los 85 entes que restan, ayer se acordó la supresión de 51 y en una semana se pueden sumar siete más que están en proceso de estudio antes de adoptar una resolución final.

En el campo del ahorro económico, la portavoz regional declaró que los 98 entes regionales suponen un valor de 25 millones de euros, por lo que la eliminación de casi 60, como se plantea, supondrá un ahorro cercano a los 15 millones.

En cuanto a la redistribución de direcciones generales, la primera en abrir fuego el cuatro del presente mes fue la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración con la fusión de las direcciones generales de Familia, Igualdad e Infancia e Inmigración, Cooperación al desarrollo y Voluntaridado que dieron como resultado la nueva Dirección General de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración bajo la tutela de Leopoldo Navarro. La misma conducta de Política Social, anunció ayer Reverte que se llevarán a cabo en las consejerías de Presidencia y Administraciones Públicas y Economía y Hacienda. De esta manera, dos de las direcciones generales de ambas consejerías se fusionarán en una tercera que disminuará el número de cargos del Gobierno. De forma paralela a la organización de este aspecto, la consejera de Sanidad y Consumo del Gobierno regional, María Ángeles Palacios, se encuentra en la actualidad deliberando la posible supresión de órganos intermedios del Servicio Murciano de Salud. No obstante, la decisión final al respecto no adquirirá oficialidad hasta la celebración del próximo Consejo.

Lo cierto es que las medidas de adelgazamiento regional no hacen sino continuar con una tendencia adoptada por el Gobierno regional en los albores de la presente legislatura. De esta forma, la Comunidad empezó su última andadura con 12 consejerías que pasaron a nueve y actualmente se cifran en una decena con la creación de la Consejería de Justicia y Seguridad Ciudadana ante la inminente adopción del Gobierno de las competencias de justicia que no se produjeron a finales del pasado año como estaba previsto, pero que, si no vuelve a producirse otro imponderable, se asumirán definitivamente el próximo 31 de julio. Asimismo, durante la actual legislatura se han eliminado veinte direcciones generales.

Por otra parte, en lo referente a los salarios de los altos cargos del Gobierno, los dispendios brillan por su ausencia, ya que los sueldos se mantienen inamovibles desde el año 2008 y las modificaciones al respecto se han traducido en mermas retributivas. En concreto, los descensos de sueldo se produjeron en junio de 2008 con disminuciones que oscilaron entre el quince por ciento del presidente Valcárcel, el diez de los consejeros y el ocho de los altos cargos y el personal eventual. La austeridad es una marca de identidad del Ejecutivo Valcárcel que lo distingue por adoptar las medidas necesarias para buscar efectividad en medio de tanta crisis.


El yacimiento de San Esteban, nombrado BIC
La celebración ordinaria del Consejo de Gobierno de ayer acordó la declaración como Bien de Interés Cultural de la zona arqueológica que componen los restos del yacimiento islámico ubicado en el jardín de San Esteban de Murcia. Esta distinción cuenta con el visto bueno de la Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca, de la Real Academia Alfonso X y del Colegio de Arquitectos. Con la distinción se pretende poner en valor los vestigios históricos encontrados en la zona ajardinada y que son únicos en Murcia.