Auditorías

Hay tres sectores que, gracias a los comicios electorales del 22-M, han remontado el vuelo de crisis. El de las empresas demoscópicas, el del alquiler de máquinas destructoras de documentos, papeles comprometidos y facturas indecentes. El tercero es un sector en auge: el de las auditorías. Los gobernantes municipales recién llegados no han tenido más remedio que encargar auditorías contables y jurídicas, ante la desolación que han encontrado en las arcas públicas, los gastos sin demasiada justificación, comprometidos a medio y largo plazo, y las adjudicaciones bajo sospecha. Hay que auditarlo todo para encontrar explicación a muchas cosas, para dirimir responsabilidades porque lo que se ha encontrado en algunos ayuntamientos es como para superar el argumento de la mejor película de gánster-ficción: arcas famélicas sin un euro para pagar las nóminas a los funcionarios, las facturas de la luz, el teléfono y el agua; facturas arrinconadas y empolvadas de pagos a los proveedores; adjudicaciones de última hora que comprometen futuros presupuestos. En los casos donde se constate malversación, prevaricación, despilfarro, desidia o gastos injustificados, que sea la autoridad judicial la que se encargue de hacer lo que no hacen los partidos políticos: poner a cada uno en su sitio, aunque el sitio sea sombrío, entre rejas.