Los deberes del cine español por Pedro Pérez

El Gobierno, bien por boca del ministro Wert, bien por la del Secretario de Estado Lassalle, ha reiterado su propósito de modificar el sistema de financiación del cine, en la partida correspondiente a la participación del Estado. «Mantendremos las subvenciones a la cultura, alejándonos de la cultura de la subvención», han venido a decir. Frase ingeniosa que puede provocar equívocos o fomentar la creencia de que optar a una subvención para producir una película significa hacer un negocio y cargar a las cuentas del Estado el coste total de la misma. Nada más lejos de la realidad.

El grueso de las subvenciones, las que se denominan y aplican a la amortización de las películas suman algo más de 40 millones de euros al año muy lejos de nuestra vecina Francia –el pasado 1 de marzo, Lassalle argumentaba en una entrevista «no podemos librar 400 millones de como hacen los franceses»–; ni podemos ni nadie lo ha pedido nunca; no confundamos al ya perplejo contribuyente. Pero tampoco debemos acomplejarnos ante el vecino francés ni asumir que son una potencia cultural diez veces superior a España, al menos en los fondos públicos que destinan a su cine.
Estas ayudas representan de media entre el 16 y 18% del coste de la película, por lo que más del 80% procede de otras fuentes –venta de derechos de televisión en abierto y de pago, desgravación fiscal, taquilla, DVD, internet (tristemente aún casi inexistente), coproducción, ventas internacionales, merchandising e inversión del productor. Se reciben a los dos años de estrenarse la película o a los tres de comienzo de rodaje tras la verificación de haber alcanzado una determinada cantidad en taquilla (desde ahora también computan los ingresos de internet). Si la cantidad determinada no se alcanza el productor no percibe subvención alguna por lo que al riesgo inherente del resultado en mercado debe sumar el riesgo de no percibir ayuda de ningún tipo por parte del Estado.

Son reglas del juego para todos, con las que cualquiera puede concurrir, por lo que es otra leyenda urbana divulgar que desde una instancia oficial se deciden las películas que se producen o se indica quién debe dirigirlas o producirlas.

Ser titular de una película te confiere un título de propiedad sobre la misma que debería ser similar al de cualquier otro bien material en el que has invertido una parte de tu patrimonio. Este último es tuyo de por vida hasta que decidas venderlo o legarlo. Sin embargo, la propiedad intelectual tiene una limitación que la distingue de la material. A partir de un determinado momento, transcurrido un número de años, el bien deja de pertenecer a su propietario, pasa a dominio público, cualquiera puede disponer de él sin contraprestación pecuniaria alguna. No debería resultar tan chocante considerar que la subvención que se otorga para la producción de una película es de alguna manera un pago anticipado por parte del Estado de la expropiación forzosa que hará transcurrido el periodo que marca la ley.

El cambio anunciado pretende fomentar las desgravaciones. Nos parece muy interesante siempre que el tipo aplicado –a nuestro entender debería ser de un 40%– convierta la inversión en atractiva para capitales que nunca se han planteado probar en esta industria. Una inteligente combinación de ayuda directa –comprometida por la legislación vigente y pendiente de pagar todas las películas estrenadas desde el 1 de julio de 2010– y desgravación nos permitiría ser competitivos con países cercanos que ya las aplican como Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, o más lejanos geográfica y culturalmente como Turquía, Brasil o Estados Unidos, que utilizan la palanca fiscal para atraer rodajes a sus territorios.

Hacer buen cine, competitivo y del agrado de públicos dispares, no es solo cuestión de talento, pues éste empequeñece si no se aportan los medios adecuados al desarrollo, producción y promoción de las películas, en las que siempre será determinante la apuesta desde su origen de una televisión, principal beneficiaria al programarla y única entidad habilitada para recaudar los ingresos publicitarios. O desde otra óptica las televisiones públicas, motor primordial de la industria audiovisual. Así haremos buenas películas, pues talento existe. Así mantendremos la admiración que en el exterior tienen hacia el cine español y recuperaremos una complicidad con nuestros espectadores, que tenemos un poco abandonada.

Pedro Pérez
Presidente de FAPAE