La Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo propondrá alargar la vida laboral

Entre ellas, se incluye la prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años de edad. Esta propuesta ya levantó una polvareda y provocó el rechazo más enérgico de las organizaciones sindicales esta primavera cuando el Gobierno central la puso encima de la mesa.

Su inclusión en las recomendaciones de la Comisión del Congreso, encargada de velar por el desarrollo del Pacto de Toledo, allana el camino al Ejecutivo central para imponer un retraso de la edad de jubilación, medida que en estos momentos de crisis se está imponiendo en los Estados miembros de la Unión Europea. Además, la Comisión del Pacto de Toledo recomendará también la introducción de medidas que mejoren el grado de contributividad del sistema público de pensiones.

En la actualidad, la edad legal de jubilación es a los 65 años, aunque la edad efectiva en el Régimen General se sitúa en 63,27 años. La propuesta que el Gobierno presentó hace unos meses se centra fundamentalmente en alargar la edad de jubilación hasta los 67 años paulatinamente a partir de 2013 hasta 2025. Para desincentivar las jubilaciones anticipadas, el documento que el Ejecutivo trasladó a la Comisión del Pacto de Toledo propone limitar las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios, eliminar las formas de uso indebido del despido como forma de acceso a la jubilación anticipada y que la edad legal mínima de jubilación, ahora en 52 años, se incremente «paulatinamente».

Ronda de negociaciones
Según aseguraron a este diario fuentes gubernamentales, el Gabinete de Zapatero no descarta que el Consejo de Ministros dé su visto bueno al anteproyecto de ley de la nueva legislación de las pensiones en su reunión del próximo día 20 de agosto o a principios de septiembre. A partir de su aprobación, el Gobierno abrirá una ronda de negociación con los interlocutores sociales para intentar alcanzar un acuerdo en esta materia. Más tarde, hará lo propio con los grupos parlamentarios. El Ejecutivo pretende que la reforma esté lista para su entrada en vigor en 2011 antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo del año que viene.

Para La Moncloa, se trata de una reforma estructural directamente vinculada con la consolidación fiscal, la estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo. De ahí la urgencia con la que desea aprobarla, después de los reiterados llamamientos realizados en ese sentido al Gobierno español por el FMI, la OCDE y la Comisión Europea. De esta manera, tratará de garantizar la viabilidad futura de las pensiones frente al proceso de envejecimiento sin precedentes que experimentará la sociedad española.

El propio presidente del Ejecutivo puso el énfasis en el debate del estado de la nación de julio pasado en la urgencia que existe para sacar adelante esta reforma. «Debemos despejar cuanto antes las incertidumbres sobre la sostenibilidad del sistema para que los ciudadanos, que contemplan la jubilación en un horizonte aún lejano, se sientan seguros respecto del futuro de sus pensiones», aseguró. Zapatero tampoco olvidó esta reforma pendiente de acometer en su balance de fin de curso político que realizó este viernes pasado.