La Justicia hasta en wolof

MADRID- Es tiempo de revisar gastos extra, competencias duplicadas e incluso transferencias. En este proceso se encuentran prácticamente todas las consejerías de la Comunidad, en especial la de Justicia. Y es que, desde que en 2003 el Gobierno regional asumiera las competencias de esta materia el presupuesto ha pasado de 150 millones a 350 en menos de diez años, incrementándose en un 230 por ciento. «Se ha descontrolado», insiten desde la Comunidad de Madrid.

Por este motivo, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, encargó al Tribunal Superior de Justicia y a la Consejería de Presidencia y Justicia en septiembre un informe-diagnóstico sobre la situación de la Justicia madrileña. Un documento que la consejera del ramo, Regina Plañiol, ya ultima y del que ayer ya presentó un avance a Aguirre en la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad. Un informe en el que, según pudo saber este periódico están subrayadas diversas partidas en las que el presupuesto se ha «disparado» en los últimos años con el objetivo de ser revisadas.

Guardar la garantía procesal
Una de las partidas subrayadas en amarillo es la del servicio de traducción e interpretación de los juzgados. La Ley obliga a traducir a todos los idiomas oficiales del Estado, además, la garantía procesal especifica que un imputado debe conocer de qué se le acusa, ya que en el caso contrario la causa queda, suspendida.

Actualmente, en los juzgados de la Comunidad se traducen de forma personalizada todos los idiomas del mundo mediante la contratación eventual de personal con titulación académica oficial a través de una empresa privada. Sólo en este servicio, la Consejería gastó en 2011 más de un millón de euros. En total, el pasado año se atendieron 12.153 casos, de los cuales un total de 8.209 se produjeron en el partido de Madid (ciudad) y 3.944 en el resto de la región; unas cifras que suben sensiblemente cada año, ya que en el año 2009 el número de solicitudes sobrepasó por muy poco las 9.000.

Este aumento anual ha llevado a que el pasado año se gastara en este servicio 590.000 euros en los juzgados de la capital y 450.000 en la periferia. En el caso del partido de Madrid, el idioma más solicitado en 2011 fue el rumano, para el que se solicitaron 1.830 traducciones; el segundo fue el árabe, con 1.125 casos demandados; el tercero, el chino, con 1.000 traducciones y el cuarto, el wolof, un idioma que se habla en Senagal y para el que se solicitaron en 2011 un total de 658 intérpretes, más que para el inglés, idioma más hablado en el mundo y que se solicitó en 620 casos.

Cada año, en los juzgados madrileños pueden llegar a traducirse más de cien idiomas, de ahí que hace años se externalizara el servicio: en las salas se ha llegado a hablar en albanés, bengalí, farsi, japonés, lituano, pakistaní, polaco, serbocroata o tagalo.

El avance del informe que ayer presentó la consejera Plañiol al Consejo de Gobierno, en el que se diagnostican los principales problemas de la Justicia madrileña y se subrayan las partidas presupuestarias más abultadas, no sólo hace referencia a este gasto.

También está señalados los horarios de los funcionarios que, tras la unificación y homogeneización de horarios de la Ley de Medidas Fiscales (que entró en vigor el 1 de enero), deberán ser de 37,5 horas semanales. Además, propone una revisión (como la que ya se ha realizado en los juzgados de Violencia de Género los sistemas de prolongación de jornada para que se limiten a situaciones verdaderamente excepcionales y no como una norma, como estaba sucediendo en los casos de violencia de género y que por ello, ya se han limitado las ampliaciones de horario a la mitad de la plantilla.

¿Una tasa judicial?
Asimismo, el informe previo propone una reforma del Decreto Autonómico de 2003 para regular la Justicia Gratuita, para la que se podría exigir al solicitante la certificación negativa de rentas. El informe, que aún deberá ser revisado, según pudo saber este periódico, contiene una petición al Gobierno central de incremento en el número de jueces y magistrados. El avance también hace referencia al altísimo índice de litigiosidad, sobre todo en el terreno de los recursos, e incluso contempla una posible implantación de tasas judiciales.