Más medios para la administración tributaria por Enrique López de Ceballos

Escribir en estos tiempos sobre la eficacia de novedades legislativas resulta todo un reto, ya que en cada Consejo de Ministros nos encontramos con alguna. Éstas además han de ser analizadas con una visión de conjunto ya que muchas de ellas persiguen el mismo fin, que es facilitar la salida de la crisis económica y sentar las bases de una nueva época de prosperidad en España, ya se trate de la penúltima reforma financiera, la recuperación de competencias autonómicas por parte del Estado o, como en el caso que nos ocupa, la enésima vuelta de tuerca contra el fraude fiscal y la búsqueda de nuevos ingresos para las maltrechas arcas de todas las administraciones públicas.

Si las novedades legislativas son ahora habituales, las fiscales siempre han sido recurrentes, pero más todavía desde que el año pasado nos tomamos las uvas con la subida temporal del IRPF, pasamos la Semana Santa analizando al amnistía fiscal y las limitaciones en la deducción de gastos financieros (entre otras medidas…) en el Impuesto sobre Sociedades, para pasar a las medidas genéricas de lucha contra el fraude fiscal y ahora al anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica el Código Penal en materia de lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.

No nos parece que sea extraordinario, sino más bien recurrente, el posicionarse en contra del fraude fiscal y más en un país como España en el que la economía sumergida y el déficit fiscal son dos de los grandes problemas estructurales de la economía.

En esta línea, si bien está resultando controvertida, la amnistía fiscal pretende facilitar la regularización de rentas no declaradas, con un doble objetivo; por un lado, obtener una recaudación extraordinaria estimada en dos mil quinientos millones de euros y, por otro, facilitar que esos bienes no declarados puedan ser invertidos en España ayudando a la recuperación económica.

Es una medida valiente que muchos pensábamos que el Partido Popular no iba a atreverse a plantear, por lo que es de alabar que lo haya hecho y, sobre todo, con un planteamiento riguroso, en el que queda claro que no es una más, sino la última oportunidad de ponerse al día con Hacienda. ¿Cómo va a conseguir esto el Gobierno? Con un claro endurecimiento de las medidas contra el fraude fiscal, que incluyen un escenario terrible para aquellos que después del 1 de diciembre tengan rentas no declaradas, en el que se enfrentan a la imprescriptibilidad administrativa así como a multas del ciento cincuenta por ciento de las mismas.

No obstante, esto no significa que estemos de acuerdo con todas las medidas propuestas y, en concreto, no nos parece muy acertada la futura ampliación de cinco a diez años de la prescripción penal, aplicable al nuevo subtipo agravado de supuestos en los que la cuantía defraudada supere los 600.000 euros (en lugar de los 120.000 habituales) o cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal.

Como decimos, alabamos las actitudes valientes de este Gobierno y estamos a favor de medidas que favorezcan la lucha contra el fraude y eviten ese sentimiento generalizado de que «siempre pagamos los mismos». No obstante, pensamos que cuanto más objetivas y claras sean las reglas del juego, más fácil va a ser conseguir esos objetivos y menos se va a confundir a los contribuyentes. No parece que enfrentarse a una prescripción tributaria de cuatro años y una penal de cinco o diez venga a reforzar la seguridad jurídica.

Por tanto, si lo que se pretende es que también paguen «los otros» incluso con penas de privación de libertad, creemos que lo que habría que hacer es dotar de más medios a la Administración Tributaria y a la Administración de Justicia, de forma que se agilizaran los procesos de comprobación y de instrucción, se redujera la litigiosidad tributaria y se aumentara la recaudación, además de permitir perseguir a las grandes bolsas de fraude existentes en España.

Por otro lado, si lo que se quiere es recaudar más por medio de mecanismos no necesariamente populares o que busquen la equidad tributaria, tales como una amnistía fiscal para aquellos que tienen bienes fuera de España, se podrían plantear también otras medidas. Por ejemplo, que aquellos que están en la actualidad recurriendo deudas tributarias pudieran saldarlas con una quita por parte de la Administración, lo cual incrementaría una muy necesaria recaudación, eliminaría incertidumbres económicas para particulares y empresarios y liberara recursos económicos o avales, que tan esenciales son en estos tiempos. ¡Sigamos siendo valientes!

Enrique López de Ceballos
Abogado y socio de RHGR-Ontier