El fiscal pide 194 años para el celador de Olot por matar a once ancianos

 El escrito de calificaciones provisionales también reclama al imputado una indemnización para las familias de las víctimas por un total de 530.000 euros.

El fiscal Enrique Barata, que considera que Joan V. sabía perfectamente qué hacia cuando llevó a cabo los crímenes, le imputa once delitos de asesinato, todos con alevosía y tres de ellos, además, con ensañamiento.

"No hay ningún trastorno, lo han dicho los médicos forenses, lo ha dicho el psiquiatra del centro penitenciario donde ingresó en prisión preventiva después de los hechos", ha asegurado el fiscal.

Enrique Barata pone en duda el argumento del acusado, según el que actuó movido por compasión hacia las víctimas, porque "los tres últimos asesinatos los cometió con productos cáusticos tóxicos que producían sufrimiento".

Por los ocho primeros crímenes, el fiscal solicita dieciséis años por cada uno, ya que considera que los cometió con alevosía, porque las víctimas no se podían defender.

"Les suministraba las sustancias cuando estaban solas, a la hora de cenar, a la hora de acostarlas, no podían pedir ayuda, además eran personas de entre 80 y 95 años con incapacidad física y, en algunos casos, también psíquica", ha detallado el fiscal.

Barata ha subrayado que los ancianos tomaban las sustancias que les daba el celador "en la confianza que le tenían como auxiliar de La Caritat", relata el fiscal en su escrito.

Por los tres últimos asesinatos, los cometidos entre septiembre y octubre de 2010, el fiscal reclama 22 años de cárcel por cada uno de ellos, porque mantiene que hubo ensañamiento.

"Se les facilitó, mediante jeringa o en un vaso, lejía o ácido desincrustante, que les provocaba graves quemaduras y, consecuentemente, padecimientos y dolores importantes e innecesarios para causarles la muerte", añade Enrique Barata.

El fiscal ha anunciado que aceptará la posibilidad de que la confesión se convierta en un atenuante si, durante la vista oral, el imputado explica los hechos en los mismos términos que utilizó durante la instrucción.

El atenuante sólo sería para los ocho primeros casos, porque su colaboración fue importante para determinar la autoría, pero no en los tres últimos, según el fiscal, ya que se había iniciado "un procedimiento judicial de investigación de los hechos".

En materia de responsabilidad civil, Enrique Barata solicita que Joan V. indemnice a los familiares de las víctimas con un total de 530.000 euros.

El juicio, que se celebrará con Jurado Popular en los próximos meses, tendrá lugar en la nueva sede de la Audiencia de Girona, en el barrio de la Devesa.

Un total de 82 testigos han sido citados, principalmente trabajadores de La Caritat, policías, familiares de víctimas, empleados del Hospital Sant Jaume e, incluso, algún inspector de sanidad.

Las familias tienen previsto solicitar 25 años de cárcel por cada cada uno de los tres últimos crímenes y 15 años por los otros ocho.